La crisis y las reformas de la Seguridad Social también han empobrecido a los pensionistas. La devaluación interna de los jubilados, más influida por los cambios normativos que por la recesión en sí misma, ha alcanzado una media de cuatro puntos de poder adquisitivo que han perdido las pensiones desde el 2010.

La escalada del índice de precios de consumo (IPC) en el 2016, con un aumento del 1,5%, ha agravado más el impacto en el bolsillo de los pensionistas, que desde el 2010 han sufrido un año de congelación y otros tres con la revalorización mínima del 0,25%. En los últimos siete años, las pagas de los pensionistas han subido un 5,05%. En cambio, en ese mismo periodo de tiempo, la inflación ha crecido un 9,1%. La diferencia son esos cuatro puntos de pérdida de poder de compra de los 9,4 millones de personas que perciben una pensión en España. En el caso de las pensiones por debajo de 1.000 euros mensuales, la pérdida de poder adquisitivo se suaviza hasta tres puntos debido a que en el 2013 el Gobierno les aplicó una subida del 2%, el doble que el resto de jubilados.

Ese empobrecimiento de cuatro puntos supone para cada jubilado una media de 42 euros menos al mes teniendo en cuenta que la pensión media es de 1.050 euros.

REFORMA DEL PP / El principal factor que ha causado esta devaluación de las pensiones es la reforma que aprobó el Gobierno del PP en el 2013 y que empezó a aplicar en el 2014. Desde entonces, las pensiones ya no se revalorizan en función de la previsión de inflación con la cláusula de revisión si el IPC sube más, sino que tienen en cuenta el índice de revalorización de las pensiones (IRP).

Ese índice se basa principalmente en la evolución de las cuentas de la Seguridad Social y en los ingresos y los gastos del sistema de pensiones, de tal manera que en la situación actual de déficit aplica la subida mínima establecida del 0,25%. Las previsiones de los expertos apuntan a que en los próximos años se seguirá aplicando el 0,25% debido al mantenimiento del déficit de la Seguridad Social. Sin embargo, esa situación puede cambiar si los partidos de la oposición logran negociar con el Gobierno una reforma de la ley que el PP aprobó unilateralmente.

Para los sindicatos CCOO, UGT y los grupos de la oposición los principales cambios pasan por volver al modelo anterior de revalorización anual que vinculaba la subida de las pensiones al IPC. Este sistema se suprimió a favor del llamado índice de revalorización que tiene en cuenta los ingresos y gastos del sistema. Además avanzan que debe suprimirse el factor de sostenibilidad que entrará en vigor en el 2019 que también llevará aparejada una rebaja en las nuevas pensiones. De no reformarse la ley, las pensiones «están abocadas a perder poder de compra progresivamente», según Carlos Bravo, secretario de Protección Social de CCOO.

Tanto este sindicato como UGT apelan a la oposición para que imponga su mayoría de 180 diputados en la comisión del Pacto de Toledo que tendrá que proponer reformas para lograr la estabilidad financiera de la Seguridad Social, aumentar los ingresos y revisar anualmente los desajustes entre pensiones y precios para evitar la pérdida de poder de compra.

La central que dirige Josep Maria Álvarez considera que el Gobierno «parece más preocupado en bajar las pensiones año a año para favorecer los fondos privados de pensiones».

La diputada socialista Mercè Perea, portavoz del PSOE en la Comisión del Pacto de Toledo, ha avanzado que su grupo está estudiando propuestas para eludir el veto del Gobierno a la proposición de ley de la oposición, que se tendrá que resolver en enero.

Por su parte, la Unión Sindical Obrera (USO) ha denunciado que, de cumplirse la previsión de inflación que ha realizado el Banco de España para el 2017 (2%), los pensionistas perderán el próximo año 1,75 puntos de poder adquisitivo con la subida de sus rentas del 0,25%.

«Sigue tratándose de un incremento insuficiente que continuará incidiendo en el empobrecimiento de los pensionistas. Teniendo en cuenta que más de 2 millones de pensionistas, el 23% del total, cobran pensiones de entre 600 y 650 euros, este incremento será casi imperceptible», denuncia USO.