La buena noticia de la cancelación de la multa a España por el descontrol del déficit en el 2015 ha quedado diluida por el temor ante los ajustes que sigue reclamando Bruselas y la forma en la que se implantarán según cual sea la composición y apoyos del nuevo Gobierno.
El secretario de economía del PSOE, Manuel de la Rocha, dijo que es una buena noticia que España se libre de ser el primer país europeo en recibir una multa en la historia del pacto de estabilidad, pero se queja del durísimo ajuste fiscal para el año que viene. Según sus cálculos, la reducción que se exige es de 15.000 millones de euros solo para el 2017.
Podemos ha reclamado un giro de 180 grados en las políticas económicas europeas y nacionales y ha lamentado que el Ejecutivo de Mariano Rajoy haya incumplido sistemáticamente los objetivos de déficit marcados por Bruselas a pesar de aplicar duras políticas de ajuste y de haber hundido la hucha de las pensiones hasta un tercio de su capacidad en los últimos años.
Para los sindicatos, la cancelación de la multa no evitará dos años más de austeridad por «incompetencia del Gobierno». Según UGT, la supervisión de las cuentas españolas supondrá ajustes de hasta 26.000 millones en dos años. CCOO dijo que España no puede asumir más recortes y pidió declararse «insumiso» ante la política de austeridad de la UE.
Raymond Torres, director de Coyuntura Económica de la Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas), cree que la nueva senda de consolidación fiscal marcada por Bruselas es «fuerte» y debería ser más «gradual», ya que el esfuerzo de ajuste en el 2017 se hará en un contexto internacional «difícil». Para Funcas, el objetivo del 2016 es mucho más factible.
