Por el culebrón en el que se ha convertido el procedimiento contra España, por no adoptar «medidas efectivas contra el déficit en el 2015», no ha terminado. En una semana -el 27 de julio- Bruselas debe decidir la cuantía de la multa y el colegio de comisarios sigue dividido, con un ala dura que se resiste a conceder la «multa cero» que defiende el Gobierno español, y un Jean-Claude Juncker empeñado en hacer la vista gorda. Tampoco hay consenso entorno a la nueva senda fiscal -si un año basta o necesita dos- y la única decisión firme por el momento es la paralización hasta después del verano de la suspensión de los fondos estructurales.
El 12 de julio el Ecofin constató que el Gobierno no hizo todo lo que pudo para cuadrar las cuentas. Esta decisión activó la cuenta atrás de las sanciones, que obliga a la Comisión Europea a dar dos pasos: proponer en un máximo de 20 días -expira el 1 de agosto- una multa de hasta el 0,2% del PIB o unos 2.000 millones en el caso español, aunque puede ser reducida o cancelada, y suspender parte de los fondos estructurales comprometidos en el 2017, lo que podría rondar los 1.000 millones.
La primera decisión llegará la próxima semana. La opinión mayoritaria, incluido Juncker, es que «la multa debe ser cero». El luxemburgués admite que una multa cero «sería ridículo» pero también «que el ridículo no mata». Palabras que algunos en la casa interpretan con que la sanción será nula aunque hay un núcleo que se resiste y defiende la imposición de un cierto castigo. Aún así, «algunos comisarios han dicho que la multa cero no es posible ni creíble y que debe haber un mínimo», resume un alto cargo comunitario tras el nuevo debate de ayer.
Es el caso de los halcones Valdis Dombrovskis y Jyrki Katainen, el austríaco Johannes Hahn o la sueca Cecilia Malmström. En el otro bando están la búlgara Kristalina Georgieva, la belga Marianne Thyssen, el portugués Carlos Moedas, el español Arias Cañete o el francés Pierre Moscovici, que defiende «una multa cero» porque considera suficientes las explicaciones y convincentes las medidas de ahorro planteadas por España.
Sobre lo que no habrá decisión ahora es sobre la suspensión de parte de los fondos estructurales comprometidos en el 2017. El reglamento prevé la posibilidad de que el Parlamento Europeo someta la cuestión a un «diálogo estructurado» y su presidente, Martin Schulz ya ha informado de que esa es la intención. La idea es organizar una discusión entre las comisiones de asuntos económicos y política regional en septiembre, tras el parón estival. Un retraso que permitirá al líder del PP ganar tiempo para seguir negociando la formación de un nuevo Ejecutivo que en Bruselas son muy conscientes es absolutamente necesario para que pueda asumir los ajustes y recortes que inevitablemente tendrá que adoptar.
¿DOS AÑOS DE PRÓRROGA?/ Este aplazamiento podría incidir en la presentación de la nueva senda fiscal para España, que el gobierno en funciones espera para fijar el techo de gasto con el que elaborar los presupuestos. Los nuevos datos de la AIReF confirman que España se aleja del objetivo del 3,6% para 2016 que anunció Rajoy en abril, lo que ha reabierto el debate sobre la nueva trayectoria y la posibilidad de dar una prórroga de dos años en vez de uno.
Hasta ahora Bruselas era partidaria de dar un año adicional, hasta 2017, para bajar el déficit del 3%. Los nuevos datos muestran, sin embargo, que «hay que discutir. Si España no ha llegado a hacer medio punto entre 2015-2016, ¿podrá hacer dos puntos? Eso es lo que tendrá que decidir el colegio», señalan. H
