El Tribunal Supremo ha condenado a Bankia a reembolsar a sus accionistas el dinero invertido en la compra de sus títulos cuando esta entidad salió a bolsa en el 2011. El pleno de la sala civil ratificó ayer (como habían hecho varias audiencias provinciales) que la información que facilitaron en el folleto para adquirir las acciones era "incorrecta e inveraz". Además, los jueces se negaron a paralizar estos procesos civiles por la investigación penal que se sigue por estos hechos en la Audiencia Nacional, que investiga la fusión de las siete cajas que dieron lugar a Bankia, su salida a bolsa y la emisión de preferentes.

La decisión debe ser asumida por los miles de juzgados de toda España que tramitan demandas similares al haber sido adoptada por el pleno. El alto tribunal solo comunicó el fallo de su decisión y en los próximos días hará pública la sentencia cuando termine de ser redactada.

No obstante, los inversores afectados pueden seguir presentando pleitos civiles hasta mayo de este año en los juzgados de donde adquirieron sus títulos. Bankia captó con su salida a bolsa 3.092 millones de euros. Y el pasado mes de diciembre aumentó en mil millones, hasta los 1.840, sus provisiones de fondos para hacer frente a estas demandas. Bankia se hará cargo del 40% de estas devoluciones y BFA (participada íntegramente por el Estado) del 60% restante. Los reembolsos van acompañados del pago de intereses.

El acuerdo del pleno de la sala civil fue promovido por Bankia, que recurrió dos fallos dictados por la Audiencia de Asturias y de Valencia. En su recurso, el banco alegó que los accionistas compraron sus títulos "con independencia de la información recogida en el folleto".

Sin embargo, la Audiencia de Asturias ya rechazó este argumento al considerar que en este pleito "se enjuicia una relación contractual concreta" que "no exige que exista delito", cuestión que dilucida el juez Fernando Andreu, que ha imputado a los antiguos responsables de esta entidad como a Rodrigo Rato, entre otros por un delito de estafa.

La Audiencia de Asturias declaró nulo el consentimiento dado por el matrimonio que presentó la demanda porque "estaba viciado por la falta de conocimiento adecuado de la situación financiera real". Por ello, afirmó que contrataron este producto "con una representación mental equivocada". Este matrimonio adquirió 1.333 títulos por un importe de 9.997 euros que ahora le serán reembolsados.

Los magistrados del tribunal asturiano (que avalan la decisión de un juez de Oviedo) explican que este matrimonio fue convocado por una empleada de Bankia que les animó a comprar acciones "porque eran una gran oportunidad" porque esta entidad "había superado la crisis económica" y el banco estaba presidido por Rodrigo Rato, exvicepresidente del Gobierno de José María Aznar, "que garantizaba una gestión de mayor eficiencia".

DESPLOME BURSATIL Sin embargo, el precio de sus acciones se redujo de los 3,75 euros a los que las adquirieron a un céntimo y luego se elevó a un euro pero por cada 100 títulos. Los jueces asturianos consideran que esa pérdida no se debió "al mercado" sino a que "la valoración inicial" que llevó a cabo Bankia "en función de una supuesta solvencia y beneficios que se atribuyó falsamente".

Por ello, los togados acusan a la entidad de haber "publicitado una imagen de empresa solvente" amparada por la fusión de siete cajas que iba a gestionar 340.000 millones de euros por lo que recibió del Fondo de Reestructuración Bancaria (FROB) un crédito de 4.465 millones de euros.

Debido a la crisis económica, el Ministerio de Economía, relata la sentencia de la Audiencia de Asturias, obligó a los bancos a crear una reserva de capital "para defenderse ante un eventual problema". Sin embargo, Bankia "no tenía suficiente liquidez por lo que sus gestores pensaron que lo mejor era sacarla a bolsa".

La salida a bolsa, señalan los jueces, estuvo reforzada "con una gran campaña de publicidad" a la que no afectó la intervención del Banco de Valencia. La entidad "siguió asegurando que no tenía problemas de solvencia". A pesar de ello, en enero del 2012 presentó un plan de capitalización y en abril de este año afirmó que había obtenido unos beneficios de 309 millones.

Unos días después, Rato presentó su dimisión y las cuentas ya arrojaron unas pérdidas de 3.031 millones de euros que motivó la suspensión de cotización de las acciones y una inyección de 19.000 millones de euros. Por ello, los jueces sostienen que la información facilitada en el folleto "vulneró la legislación del mercado de valores" porque "salieron a bolsa con una información distorsionada y con una valoración irreal".