La lista de morosos de Hacienda tiene el aspecto de una foto fija del cementerio de la crisis económica española. Por no decir del estallido de la burbuja inmobiliria. Mas de la mitad de los nombres que aparecen en ella pertenece a constructoras e inmobiliarias que, en su mayor proporción, tienen imposible saldar la deuda con el Estado porque se encuentran en proceso de liquidación o, todavía alguna, en concurso de acreedores. La Agencia Tributaria, no obstante, asegura que no puede dar por muerta esa deuda, ya que siempre pueden acabar aflorando activos no contabilizados.
No es casual, por tanto, que el primer deudor sea la inmobiliariaReyal Urbis, con 378 millones de euros, uno de los grandes nombres del sector, que fue a concurso de acreedores en el 2013. Hacienda era el principal acreedor de la firma que fue presidida por Rafael Santamaria. La firma presentó un pasivo de 3.978 milllones de euros en el concurso. El 11,5% de ese importe eran deudas contraídas con organismos y administraciones públicas, incluida la Agencia Tributaria.
La constructora Nozar, con una deuda de 203,2 millones, es el segundo gran deudor. El grupo Nozar, creado en 1981, fue una de las grandes inmobiliarias del 'boom', con miles de viviendas construidas en España y accionista de dos de las empresas más representativas de la época, Colonial, cuando estaba presidida por Luis Portillo, y Astroc, cuando estaba controlada por Enrique Bañuelos. Nozar presentó suspensión de pagos en noviembre del 2009 con una deuda de 700 millones de euros, que posteriormente se incrementó hasta los 1.500. A finales del 2013 la compañía presentó su convenio con adhesiones que superaban el 75% de los acreedores, incluyendo entre los mismos a la Agencia Tributaria.
El tercero que más deudas acumula con el fisco es el Grupo Prasa (101 millones), una sociedad cordobesa de promociones inmobilaria, que fue presidida por José Romero, que llegó a ser presidente del Cordoba FC, una sociedad deportiva en concurso de acreedores, que también aparece en la lista de morosos. Entre los notables del sector del ladrillo cabe mencionar también a Banreal Holding, con 98,4 millones y Aifos Inmobiliaria (96,2 millones) y, particularmente, Martinsa-Fadesa, que protagonizó en el 2008 lamayor quiebra de España, con una deuda de 7.000 millones. En el 2011 volvió a entrar en concurso de acreedores. En el 2015, tras no llegar a un acuerdo con los bancos acreedores fue a la liquidación, que se inició en septiembre de es mismo año. Aún debe a Hacienda 37,7 millones.
Por lo demás, la lista está cuajada por numerosas empresas vinculadas al ladrillo, no solo constructoras o promotoras sino también de servicios ligados al sector que fueron cayendo como moscas cuando explotó la burbuja.
EMPRESAS CONOCIDAS
Entre las empresas con deudas inferiores, pero con una gran relevancia económica y social o muy conocidas por la sociedad española, aparecen unas cuantas del maltrecho sector aéreo y turístico: Viajes Marsans, con una deuda contraída de 23,8 millones de euros; Air Comet, con 13 millones, relacionadas con el que fuera presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferran, procesado en varias causas judiciales. Figura tambien Viajes Iberia, con 8,05 millones de euros; Spanair, con 7,19 millones; o el Aeropuerto de Ciudad Real, con 7,02 millones. Pescanova también aparece en la lista de Hacienda con una deuda de 4,32 millones de euros pero la compañía ha asegurado en un comunicado que ya ha saldado esos créditos con el Fisco.
También figuran el Grupo Intereconomía, con una deuda de 7,3 millones de euros; Polaris World, con 10,92 millones; Fotoprix, con 6,52 millones; o la productora Laurenfilm, con 8,1 millones de euros. Con deudas de importes inferiores aparecen en la lista otras empresas muy conocidas como Afinsa Bienes Tangibles, con 5,1 millones de euros; Fórum Filatélico, con 1,91 millones; Fincas Corral, con 2,38 millones; Hullera Vascoleonesa, con 2,02 millones; Isofotón, con 3,5 millones; Jugueterías Poli, con 4,6 millones; Sniace, con 4 millones; Secuoya Grupo de Comunicación, con 2,29 millones; Banco de Madrid, con 1,7 millones; y la firma de telecomunicaciones Eurona, con 1 millón de euros.
