Los más de siete millones de usuarios de gas empezarán en enero a pagar a través del recibo unos 4.700 millones de euros a lo largo de 30 años por la indemnización más los intereses por la paralización del almacén Castor, en la costa frente a Vinaroz (Castellón). La compensación que recibió hace un año la antigua concesionaria, Escal UGS, controlada por ACS, del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, fue de 1.350 millones. Pero el pago a plazos a través del recibo durante tres décadas, junto con los intereses, hará que la cantidad se multiplique al final del periodo por más de 3,5 veces.

El Banco Santander, Caixabank y Bankia son las entidades que cuentan con los derechos de cobro de esa deuda, que recuperan con un interés del 4,27%. Durante el 2016, los usuarios realizarán un primer pago de más de 8,3 millones al mes, 100 millones anuales, como si fuera una hipoteca. Y todo ello a pesar de que las instalaciones, cuya explotación fue paralizada tras una serie de seísmos que provocó en el sur de Cataluña y el norte de la Comunidad Valenciana en el 2013, tienen diversas causas abiertas en los tribunales.

Además, sobre el real decreto ley que reconoce la compensación a la concesionaria tras revertir las instalaciones al Estado penden tres recursos ante el Tribunal Constitucional, uno de ellos interpuesto por Cataluña, e incluso denuncias ante la Comisión Europea por parte de varias organizaciones patronales. En este sentido, defienden que no se aplique aún el recargo en el recibo y asuma ese coste Enagás de forma transitoria. El problema es que esta compañía no es ni la propietaria de Castor, ni cuenta con los derechos de cobro de la deuda, sino que se ha ocupado del mantenimiento y la seguridad para hibernarlo a cambio de una retribución con cargo al sistema (la factura).

El Gobierno echó mano de la ingeniería financiera para el proceso. Primero, endosó a Enagás, en la que tiene un 5% del capital, la responsabilidad de indemnizar a la sociedad cuya concesión ha cancelado. En contrapartida, le transfirió al gestor del sistema los derechos de cobro. Enagás, como si fuera una mera intermediaria, de forma inmediata, cedió a los bancos que adelantaron el dinero para pagar a la concesionaria los derechos de cobro. Así lo preveía el real decreto-ley que reconocía la compensación y revertía al Estado las instalaciones.

EVITAR RECURSOS Con esta operación, la Administración evitaba avalar y, por tanto, no engordaba su déficit y ACS pagaba a los bonistas que financiaron la inversión, especialmente el Banco Europeo de Inversiones (BEI). El Gobierno reguló este proceso con un real decreto-ley en vez de otra norma de rango inferior para evitar que se pudieran presentar recursos. La única opción es la más restringida, el Constitucional.

La inminencia del recargo en los recibos ha llevado a grupos como Ecologistas en Acción a reclamar a los partidos "a comprometerse en tomar acciones para evitar que sea la ciudadanía quien pague por este despropósito". Incluso han elaborado un vídeo en el que lo denuncian y comparan la indemnización a la concesionaria con la inminente Lotería de Navidad. "A los promotores del proyecto Castor les toca el Gordo. A la ciudadanía, las facturas", afirman.