Montoro sobre la extra de los funcionarios: "El regalo es que estamos creciendo"

Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, ha justificado la devolución de una parte de la paga extra que se retiró a los funcionarios en el 2012 en que la situación económica lo permite porque hay un "escenario de recuperación" que "impulsa" el crecimiento y la creación de empleo.

El ministro ha salido al paso de las críticas de que la devolución de los derechos a los funcionarios tengan tintes electoralistas y en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros ha afirmado: "El regalo electoral es que estamos creciendo".

El próximo mes de octubre los trabajadores de la administración general del Estado cobrarán otro 26% de la paga extra (otro porcentaje similar ya lo percibieron en enero pasado) y el 50% restante se abonará en el 2016 en dos partes, tal y como recogen los presupuestos.

El Consejo de Ministros ha aprobado el real decreto en el que figura un crédito extraordinario de 251 millones para abonar la segunda cuarta parte de dicha extra y ha habilitado a las administraciones públicas para que también lo hagan en función de su disponibilidad presupuestaria.

El decreto restituye también los días de libre disposición que fueron anulados y que se podrán disfrutar hasta el próximo 31 de enero.

CRITICAS SINDICALES

Los sindicatos CCOO y UGT han criticado la "ceremonia de la confusión" que en su opinión, despliega el Gobierno al que piden una negociación seria sobre las condiciones laborales de los empleados públicos.

Tras señalar que la decisión del Ejecutivo solo afecta al 8% de los empleados públicos (solo los que dependen de la administración general del Estado), UGT denuncia que aunque el Gobierno suprimió la paga extra con carácter general, ahora "deja su devolución parcial al albur de las comunidades autónomas que tienen, en muchos casos, altos niveles de endeudamiento y limitaciones presupuestarias".

CCOO considera "insuficientes" estas reposiciones, y denuncia "la falta de voluntad real del Gobierno por alcanzar un acuerdo pleno de restitución de derechos para su aplicación al conjunto de las empleadas y empleados públicos, de carácter básico y obligatorio para todas las Administraciones Públicas: AGE, enseñanza, sanidad, justicia, autonómica, local y empresas públicas afectadas por los recortes".