Estabilidad política y una nueva etapa de fomento de la inversión. Esos son los ingredientes que, al entender del presidente de Endesa, Borja Prado, se requieren para "convertir esta recuperación incipiente en un crecimiento consolidado que logre ir sustituyendo la política monetaria por la política industrial".
Prado, ante la junta general de accionistas, destacó "el mérito" de la política económica del Gobierno, aunque recordó que la economía española "tiene todavía muchas reformas pendientes" para alcanzar un modelo "más flexible que genere empleo de manera más rápida y más estable".
Nuevas designaciones
La junta aprobó la designación como consejeros independientes del presidente de Mutua Madrileña, Ignacio Garralda, y del de Correos de Portugal (CTT), Francisco Lacerda, y ratificó a Helena Revoredo, presidenta de Prosegur, y a Miquel Roca como consejero coordinador. Con las incorporaciones, el 45% de los vocales son independientes. También se aprobó el reparto, a partir del próximo 1 de julio, de un dividendo ordinario de 76 céntimos brutos por acción con cargo a los resultados del 2014, que suma 805 millones de euros y supone distribuir entre el accionariado el 85% del beneficio obtenido. Este se suma a las retribuciones extraordinarias percibidas durante los últimos seis meses tras la venta a la principal accionista, la italiana Enel, de los activos en Latinoamérica.
Posteriormente se llevó a cabo la colocación en bolsa del 22% del capital de Endesa, que supuso la entrada de más de 50.000 nuevos accionistas. Prado consideró "prácticamente concluida" la reforma energética del Gobierno y que "todo apunta a que se ha puesto el punto y final al déficit tarifario". También defendió ante los accionistas el plan industrial del grupo, que prevé inversiones por 4.400 millones hasta el 2019.
El coste de la energía
En un encuentro con la prensa, el consejero delegado, José Bogas, dijo que el Gobierno se encuentra "conceptualmente de acuerdo" en la reivindicación de Endesa de descargar costes regulados de la tarifa eléctrica. Bogas, ante la junta, reiteró que apenas el 44% de lo que paga el cliente en el recibo "se debe a las actividades propias de las empresas eléctricas". El otro 56% "corresponde a decisiones de política energética adoptadas por los sucesivos gobiernos". Esta situación hace que los consumidores paguen unos precios eléctricos finales por encima de la media europea. "Es necesaria --agregó-- la eliminación progresiva de estos sobrecostes para disponer de precios eléctricos más asequibles, transparentes y competitivos".
