Alejandro Luzón negó ayer, en conversación con este diario, que se opusiese a investigar el patrimonio de Rodrigo Rato en la reunión que mantuvo con funcionarios de la oficina nacional del fraude de este organismo (ONIF) el pasado mes de enero. De este modo sale al paso de las acusaciones vertidas contra la actuación de Anticorrupción, que ha asumido esta investigación que iniciaron sus colegas de Madrid.

Luzón, fiscal en el caso Bankia que tramita en la Audiencia el juez Fernando Andreu, y actual teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía del Estado explicó que en este encuentro los técnicos de la ONIF le informaron de que habían abierto unas diligencias sobre el patrimonio personal y familiar del que fuera vicepresidente en el Gobierno de José María Aznar.

El fiscal les indicó que la investigación no encajaba en la causa de Bankia, en la que Rato no tenía entonces ninguna responsabilidad civil pendiente, pues había cubierto sin problemas los tres millones de euros que el togado de la Audiencia le había impuesto por el uso de las tarjetas black de Caja Madrid el pasado noviembre. Por esa razón, sostuvo que el delito de alzamiento de bienes, que se imputa a Rato, no podía vincularse a este proceso.

Además, Luzón consideró que los posibles delitos fiscales del exdirigente popular tampoco se podían incluir en el caso Bankia en el que se investiga la fusión de la cajas que dieron lugar a esta entidad y su salida a bolsa. No obstante, el teniente fiscal, en ningún momento comunicó a los representantes de la ONIF que Anticorrupción no fuera competente para iniciar una investigación sobre el entramado patrimonial de Rato.

La reunión terminó con el compromiso de que la ONIF remataría la investigación, todavía incompleta pues restaba, por ejemplo, cuantificar las cuotas defraudadas por Rato y sus sociedades y después remitiría a Anticorrupción. De este encuentro Luzón informó a su superior, Antonio Salinas (fiscal jefe Anticorrupción), quien designó entonces a la fiscal que se ha hecho cargo de estas diligencias.

Fuentes de Anticorrupción desvelan que la Agencia Tributaria no volvió a comunicarse con esta fiscalía y optó por acudir a la de Madrid, que el pasado jueves pidió al juez de guardia la entrada y registro de los inmuebles de Rato y su detención. Por otra parte, Luzón se negó ayer a que Andreu retire el pasaporte a Rato y el juez archivó la causa a 14 usuarios de las tarjetas black por prescripción del delito.

Por otro lado, el ministro de Economía, Luis De Guindos, confirmó ayer que la lista de 715 contribuyentes acogidos a la amnistía fiscal remitida por la Agencia Tributaria al Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) estaba integrada en su totalidad por cargos (o excargos) públicos.