El director de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, se mostró ayer contrario a publicar la lista de las 715 personas que en su día se acogieron a la amnistía fiscal y cuyos expedientes han sido enviados al Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) por haberse hallado indicios sobre un posible lavado de dinero. "Hay que ser serios" y "no entrar en el morbo" de dar los nombres de quienes se acogieron a la amnistía fiscal, dijo Menéndez tras comparecer en la Comisión de Hacienda, donde todos los diputados de la oposición le pidieron la publicación de esta lista después de que haya salido a la luz el nombre del exvicepresidente Rodrigo Rato.
"Dentro de poco hay elecciones autonómicas, locales y generales. Si hay candidatos que son defraudadores o incluso que han blanqueado capitales, ¿los ciudadanos van a tener esa información o para usted el secreto fiscal está por encima de esas consideraciones?", le dijo el portavoz de UPyD, Alvaro Anchuelo.
El portavoz socialista, Pedro Saura, defendió que "hay instrumentos" para conocer la lista total de los cerca de 30.000 contribuyentes que se beneficiaron de la amnistía, "ya sea modificando la ley general tributaria, ya sea aceptando una comisión de investigación".
POSIBILIDADES DE CESION En efecto, la ley general tributaria regula en su artículo 95 el "carácter reservado de los datos con transcendencia tributaria" y fija 12 supuestos en los que esta información puede ser cedida. La mayor parte hace referencia a procedimientos judiciales, pero también se regula la posibilidad de ceder datos que tengan por objeto "la colaboración con las comisiones parlamentarias de investigación". Según expertos consultados, los miembros de esa comisión quedarían obligados por el mismo deber de sigilo y confidencialidad al que están sujetos los funcionarios de la Agencia Tributaria. De momento, no existen precedentes sobre la cesión de datos tributarios a una comisión de investigación.
En cualquier caso, en el debate que se produjo por la tarde en el pleno del Congreso, a raíz de la petición del PSOE de que se conozcan los nombres de los amnistiados, el PP volvió a usar su mayoría absoluta para impedir la publicación de los cargos públicos que se acogieron a la polémica regularización, algo que pidió toda la oposición.
"La publicación es imparable", señaló el socialista Saura tras proponer un cambio en la reforma de la ley tributaria, aprobada
