Asesores de Deloitte, PwC, KPMG, Ernst & Young, Garrigues y Uría llegados desde España se encuentran en hoteles andorranos desde hace semanas. El Gobierno del Principado se ha querido rodear de firmas de renombre para resolver una crisis que no solo amenaza a Banca Privada de Andorra (BPA), si no al conjunto del sector financiero y a todo el país entero.

Tras un fin de semana de intensas reuniones entre la banca, la administración y los asesores, el Ejecutivo del Principat presentará hoy un decreto que habilita una línea de financiación de 100 millones de euros para resolver los problemas de liquidez de las empresas atrapadas en BPA. La fórmula consistirá en que los clientes de BPA que necesitan realizar operativa como pagar nóminas o proveedores y no pueden hacerlo a través del banco intervenido podrían ir al Gobierno de Andorra y pedir un aval a cargo de esta línea de liquidez.

Con el aval en la mano podrán acudir a uno de los bancos andorranos que forman parte de la Asociación de la Banca Andorrana (Andbanc, Crèdit Andorrà, Banca Mora o Banco Sabadell de Andorra) y obtener esta liquidez a través de una cuenta abierta en alguna de estas entidades. Para obtener estos 100 millones de euros el Gobierno se verá obligado a emitir deuda --que sería comprada por la banca andorrana-- o subir impuestos. La línea de financiación, cuyos detalles se conocerán hoy, no será gratuita: los clientes deberán pagar un tipo de interés que podría rondar el euríbor más el 2%, según confirmó ayer el Ejecutivo, que precisó que esta solución solo es para las empresas.

Paralelamente, el Principado trabaja en la elaboración de la trasposición de una directiva europea sobre resolución y liquidación de las entidades financieras que estará lista esta semana. No se puede tramitar como decreto-ley, porque no existe esta figura en la legislación andorrana, pero sí por un procedimiento de urgencia, aunque deberá someterse a votación del parlamento andorrano, en el que previsiblemente no tendrá unanimidad.