El secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, rechazó ayer que los acuerdos secretos con multinacionales existentes en España tengan algo que ver con los que han provocado el escándalo conocido como Luxleaks , en Luxemburgo, donde las grandes empresas acaban tributando apenas el 1% de su beneficio.

Según Ferre, la existencia de "acuerdos previos" sobre precios de transferencia (en los que una multinacional puede acordar con la Agencia Tributaria cómo valorar en su declaración de sociedades las operaciones entre matriz y filiales del grupo) no tienen "nada que ver" con las prácticas de Luxemburgo. Según Ferre, la finalidad de estos acuerdos es dotar de mayor "seguridad jurídica" en la tributación.

En todo caso, admitió que tales acuerdos "no son públicos" ni van a serlo, aunque la Comisión Europea acuerde dar publicidad a las conocidas como tax rulings (acuerdos con empresas) pues "no tienen nada que ver", según Ferre.

Además de los acuerdos previos sobre precios de transferencias, en España existen las llamadas consultas vinculantes, resultado de cuestiones concretas que los contribuyentes formulan a la Agencia Tributaria. En estos casos, las respuestas sí son públicas y el criterio fijado es aplicable a todos los contribuyentes, no solo a quien formuló la consulta.

En el Congreso de los Diputados, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, desveló que desde el 2007 la Agencia Tributaria ha ingresado 182 millones tras revisar préstamos a sociedades españolas de entidades del mismo grupo radicadas en Luxemburgo. Estas acciones han supuesto ajustes en la base imponible por 825 millones.

Cristóbal Montoro dijo que España apoya los expedientes abiertos por la Comisión Europea sobre determinados países que están siendo investigados por prácticas fiscales que podrían constituir ayuda de Estado. En otro momento de su intervención citó a Irlanda, Holanda y Luxemburgo.