El pleno del Parlamento Europeo aprobó ayer por una abrumadora mayoría los paquetes legislativos pendientes para completar la unión bancaria de la eurozona, que reforzará la supervisión de las entidades y evitará que los futuros saneamientos de los bancos en crisis tengan que ser costeados por los ciudadanos y que puedan poner en peligro la solvencia de los estados.

Los eurodiputados aprobaron el mecanismo único de resolución de crisis bancarias, con su fondo anexo de 55.000 millones que financiará el sector, la directiva sobre rescate y saneamiento de bancos y la que garantiza la protección para todos los depósitos hasta 100.000 euros en caso de la quiebra de un banco en la Unión Europea (UE). Este paquete legislativo complementa la supervisión bancaria única de la eurozona a través del Banco Central Europeo (BCE), que entrará en funcionamiento a partir de noviembre. "La unión bancaria complementa la unión monetaria y pone fin a la era de rescates bancarios masivos", destacó el comisario de Mercado Interior, Michel Barnier.

NUEVO SISTEMA En el futuro, cuando el BCE detecte que un banco tienen problemas, deberán ser los accionistas e inversores quienes tengan que asumir los sacrificios del sanear la entidad. Las ayudas públicas para reflotar un banco solo estarán autorizadas después de que los accionistas y los titulares de participaciones preferentes y bonos hayan absorbido como mínimo pérdidas equivalentes al 8% de los activos. Desde el inicio de la crisis financiera en el 2008, los gobiernos europeos han aportado cerca de 600.000 millones de fondos públicos para sanear las entidades, lo que disparó los déficits públicos y el endeudamiento de muchos estados. Esos elevados déficits y las dificultades de financiación en los mercados condujeron en esos países a los duros programas de recortes presupuestarios de los últimos años, que han perjudicado a las personas con menos ingresos.

El resultado final de la unión bancaria es menos ambicioso de lo previsto debido a las exigencias impuestas por Alemania, que se ha asegurado que durante la fase transitoria no tenga que pagar la factura por la dejadez de los supervisores nacionales de otros países, ni por los errores en la gestión de los bancos heredados del pasado. Los estados, y no la Comisión Europea, serán también quienes tengan la última palabra sobre las decisiones que deban tomarse para sanear o liquidar un banco en crisis, como querían los grandes países, como España.