Manuel Fernández de Sousa, expresidente de Pescanova e imputado por varios delitos de falseamiento y uso de información, reclama a la empresa una indemnización de 663.199 euros por despido improcedente. Esta cifra equivale a 12 mensualidades ya que Fernández de Sousa tenía una nómina de 55.266 euros al mes.

La cifra se conoció ayer durante el acto de conciliación de la demanda por despido improcedente que Sousa presentó el pasado 28 de octubre alegando que no tenía una relación contractual con la firma que está en concurso de acreedores. Precisamente por esta razón, la empresa y Deloitte, que actúa como administrador concursal, consideran que no debe aceptarse la reclamación al no haber relación laboral.

El argumento jurídico de Fernández de Sousa es que, previamente a su acceso a los cargos directivos de la empresa --fundada por su padre--, él había empezado a trabajar desde la base en 1977, de forma que a su entender existía una relación laboral previa que es la que ahora permitiría la reclamación de una indemnización.

Tanto Santiago Hurtado, por parte del administrador concursal, como la abogada de Pescanova recordaron que Fernández de Sousa accedió al consejo de administración de la empresa solo cinco meses después de su incorporación, y que en 1978 ya era director gerente. Según Hurtado, "no hay sustento jurídico alguno y resulta casi descabellado basar una demanda en esos fundamentos ante el juez mercantil, en la situación actual y con incomparecencia del presidente, considerando que es un acto de mero trámite".

UN MILLON DE EUROS AL AÑO Fernández de Sousa presentó, tras conocerse el informe elaborado por KPMG, su dimisión como presidente de la compañía gallega el pasado 17 de julio, y por este cargo percibía unos emolumentos de casi un millón de euros al año. En concreto, percibía un monto de 989.000 euros por su puesto ejecutivo como presidente, según los datos que figuran en el informe del Gobierno Corporativo del ejercicio 2011, el último disponible.

Por su parte, los accionistas minoritarios han presentado un escrito en la Audiencia Nacional solicitando prisión provisional para el expresidente de la pesquera y la imputación del presidente del cervecera Damm, Demetrio Carceller, para asegurar su comparecencia en el juicio y evitar la destrucción de pruebas.