La Comunidad Valenciana se ha convertido en la sexta autonomía en adoptar un impuesto sobre los depósitos de la banca, después de Extremadura, Andalucía, Canarias, Cataluña y Asturias. El grupo popular del Parlamento valenciano ha presentado una enmienda al proyecto de ley de Presupuestos de la comunidad para crear un impuesto sobre las sucursales bancarias en su territorio de características gemelas al que aprobaron Andalucía, Asturias, Canarias y Cataluña.

La diferencia es que entonces el ministro de Hacienda montó en cólera y aprobó por la vía de urgencia un impuesto estatal con gravamen cero para anular las iniciativas autonómicas sobre la banca y preservar "la unidad de mercado". Ahora, Cristóbal Montoro se ha puesto de perfil y no ha expresado la menor queja contra el tributo valenciano.

Fuentes del Gobierno valenciano han confirmado que anticiparon sus intenciones al ministro Montoro. Aunque ha sido imposible averiguar cuál fue la respuesta del ministro, lo cierto es que el Gobierno del barón del PP Alberto Fabra ha seguido adelante con su iniciativa marcando un camino que tal vez explorarán otros. Parece que Hacienda dio la callada por respuesta.

FECHA DE CORTE Mientras tanto, el impuesto estatal promulgado el 27 de diciembre del 2012 --que entró en vigor en enero del 2013-- se mantiene con su tipo cero inicial. El ministro Montoro no ha cumplido aún su anuncio (comunicado a Bruselas) de introducir un gravamen simbólico, en el entorno del 0,2 por mil, para obtener lo ingresos suficientes (unos 230 millones) con los que compensar a las tres comunidades con el impuesto aprobado antes del 1 de diciembre del 2012 (Extremadura, Andalucía y Canarias).

Al adoptar esa fecha de corte, Hacienda dejó fuera de una posible compensación (por 500 millones) al Gobierno catalán, pues su decreto se aprobó el 18 de diciembre. Algo parecido sucedió con Asturias, cuyo impuesto fue aprobado a finales de diciembre dentro de la ley autonómica de presupuestos para el 2013 para recaudar 30 millones.

CINCO LITIGIOS Todo este pulso político ha dado como fruto tres recursos en el Constitucional contra la ley estatal, por considerar que se trata de un impuesto "ficticio" y "simulado" con el único fin de cercenar la "autonomía financiera" de las comunidades. Además, hay otros dos recursos de la Abogacía del Estado contra las normas autonómicas de Cataluña y Asturias, por estimar que el impuesto estatal está por encima de ellas.

A tal madeja de litigios se une que el Constitucional optó en mayo por levantar la suspensión cautelar solicitada por el Estado contra los impuestos catalán y asturiano. Desde entonces lo pueden cobrar, aunque existe el riesgo de que una posterior sentencia en contra obligue a estos gobiernos autonómicos a devolver a los bancos el impuesto cobrado al cabo de unos años --la sentencia favorable al impuesto extremeño llegó en noviembre del 2102, once años después de su aprobación--.

Con tal incertidumbre, el gobierno catalán quiere que se clarifique el panorama y que, o bien Montoro desbloquee el hecho imponible de los depósitos bancarios, o bien declare que se compensará a Cataluña por la pérdida de ingresos. Asturias, sin embargo, sí ha reactivado su impuesto (el plazo de declaración finalizó el 16 de agosto).

En medio de este enjambre, y en vísperas de una reforma fiscal que afectará a todos los impuestos y de un nuevo modelo de financiación autonómica, el ministro Cristóbal Montoro reconoce que su ministerio está "pensando qué hacer con este tributo para que las autonomías tengan acceso a una parte de la recaudación". Todas las opciones parecen estar abiertas, incluso la de devolver el impuesto a las comunidades autónomas.