El director general de Tributos, Diego Martín Abril, dejó ayer la puerta abierta a bajar el actual tipo general del impuesto de sociedades, del 30%, si siguen desapareciendo algunas de las deducciones existentes. "No se descarta", respondió Martín Abril al ser preguntado por esta posibilidad tras participar en el 33º Congreso de la organización de inspectores de Hacienda en Málaga.

La desaparición de deducciones fiscales a cambio de menores tipos fiscales parece ser una de las líneas maestras de la reforma tributaria global que debe presentar el Gobierno antes de abril, por exigencia de la Unión Europea, después de recibir el informe encargado a un grupo de expertos. Ya se han dado pasos en esta dirección (en el IRPF se ha suprimido la deducción por compra de vivienda y en el de sociedades se ha limitado la deducción por pago de intereses) y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se ha referido repetidamente a esta línea de trabajo.

Ayer mismo, el ministro de Economía, Luis de Guindos, defendió que debe producirse "una situación equitativa" en lo referente al tipo efectivo del impuesto de sociedades entre las grandes empresas y las pymes. Así respondió De Guindos, al término del Consejo de Ministros, al ser preguntado por una posible bajada de este impuesto.

TIPOS GENERAL Y EFECTIVO El tipo general del impuesto es del 30%, aunque para las empresas más pequeñas se aplica el 25%. Tras el juego de las deducciones y las bonificaciones, el tipo efectivo medio resultante es del 18,5%, si bien para las grandes empresas se sitúa por debajo del 10% pues, en general, son quienes mayor partido extraen de las bonificaciones existentes.

En el 2011, los beneficios fiscales del impuesto de sociedades (2.514 millones) representaban el 15% de la recaudación total del impuesto (16.611 millones). En el 2014, este porcentaje bajará al 11% (2.474 millones sobre un total de 22.327), según los datos que ayer facilitó el subdirector de la Fundación de Economía Aplicada (Fedea), Ignacio Conde-Ruiz, en el congreso de los inspectores. Más de la mitad de los beneficios fiscales del impuesto se corresponde a la aplicación de tipos reducidos a determinados tipos de sociedades (1.252 millones).

Según el economista, la reforma fiscal debería pasar por "aumentar las bases impositivas" mediante la supresión de deducciones, "bajar los tipos marginales" y "aumentar la recaudación sobre el PIB". A su parecer, es "ridículo" que te graven a un tipo muy elevado para luego devolverte parte de ese dinero, puesto que se acaba generando un sistema "muy ineficiente".

Conde-Ruiz se refirió al IRPF como uno de los impuestos sobre la renta con los tipos más altos del mundo y que sin embargo logra menor recaudación que la media europea (el 7,4% del PIB de media en el periodo del 2007 al 2011 frente a una media del 9,2% en la UE) por efecto de las bonificaciones. "Cada deducción fiscal es el éxito de un lobi", afirmó Conde-Ruiz.

De cara a la amplia reforma fiscal que abordará el Gobierno, el colectivo de inspectores agrupado en IHE prevé presentar a finales de año un documento con propuestas que se centrarán, sobre todo, en aspectos de gestión y de lucha contra el fraude fiscal. De momento, su presidente, Ransés Pérez Boga, ha anticipado la petición de que los organismos de recaudación ejecutiva de la Agencia Tributaria y de la Tesorería General de la Seguridad Social se agrupen en uno solo para aumentar su eficacia. La propuesta fue recibida ayer con frialdad e indiferencia por el director general de la Agencia Estatal Tributaria (AEAT), Santiago Menéndez, quien participó en el congreso organizado por el colectivo de inspectores en Málaga.

MEDIDAS ANTIFRAUDE Frente a las críticas del colectivo por la insuficiencia de las medidas antifraude del Gobierno, Menéndez (en el cargo desde finales de junio) defendió los resultados obtenidos a partir de la ley antifraude, de octubre del 2012.

Según dijo, las declaraciones de bienes y derechos en el extranjero presentadas por 131.000 contribuyentes han aportado información que, de momento, han servido para solicitar información adicional a las autoridades de otros países sobre 317 contribuyentes con cuentas o patrimonio en el extranjero. Los datos de esas declaraciones serán determinantes para la selección de contribuyentes que serán sometidos a inspección.