Ante la rigidez normativa, algunos "jueces imaginativos" han desarrollado soluciones para salvar lo máximo posible de una empresa. Es el caso de la venta de la unidad productiva, como ocurrió en el caso de Cacaolat, o la liberación de cargas (por ejemplo, en bienes sujetos a hipotecas). Las pymes suelen acogerse a procedimientos voluntarios abreviados (hasta cinco millones de pasivo y menos de 50 acreedores). Las estadísticas reflejan que las empresas de menor tamaño son las más afectadas por los concursos.