El Consejo de Ministros ha aprobado esta mañana el mecanismo mediante el cual se podrá dar liquidez a los tenedores de participaciones preferentes y deuda subordinada de los bancos nacionalizados Catalunya Banc y Nova Caixa Galicia Banco. El procedimiento implica una derrama extraordinaria que la banca tendrá que realizar al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) por una cuantía aproximada de 2.000 millones, qaue en el primner año se cubrirá hasta el 40%

El decretro ley de protección de los titulares de determinados productos de inversión incluye dos medidas, que afecta a los titulares de participaciones preferentes. Se crea una comisión de seguimiento de los procesos de arbitraje en las entidades que han recibido apoyo público, La comisión estará compuesta por el Ministerio de Economía, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Banco de España y se encargará de supervisar los arbitrajes de los bancos públicos.

La segunda medida será facilitar el canje de las preferentes por capital de los bancos nacionalizados, según explico en ministro de Economía, Luis de Guindos, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo. Destacó que el volumen de productos híbridos en el mercado asciende a 8.000 millones de euros y afecta a 300.000 personas en distitnas entidades financieras. Guindos ha destacado que, al contrario de lo que ha pasado en otros países, en España la comercialización de esos productos no se ha realizado entre inversores institucionales, sino entre minoristas.

Las aportaciones al FGD será desigual, de manera que las entidades intervenidas, las más pequeñas, así como las que ya ha realizado apartaciones as la Sareb --el banco malo-- tgendrán una participación menor en esa derrama, lo que quiere decir que el BBVA, que no aportó capital al banco malo, deberá aportar un importe mayor.

Guindos, además, anunció nuevas medidas sobre el gobierno corporativos de las empresas del Ibex 35 y de la remuneración de los directivos para cuimplir con las buenas prácticas de gobierno corporativo de las empresas. La normativa, además limitará el mandato de los consejeros independientes de las empresas a 12 años.