El Defensor del Pueblo ha realizado un informe sobre las participaciones preferentes, en el que cuestiona que los sistemas arbitrales de las entidades financieras nacionalizadas utilicen una consultora privada externa para seleccionar a los clientes perjudicados con derecho a arbitraje.
La institución que encabeza Soledad Becerril recuerda que en Novagalicia se ha designado una consultora externa que decide en qué casos se han colocado las preferentes de forma inadecuada, sistema que también se ha seguido en CatalunyaBanc y previsto para Bankia.
Sin embargo, el Defensor del Pueblo cuestiona el hecho de que una entidad privada como la consultora externa, que tiene un coste, decida quién tiene derecho a la vía arbitral cuando se trata de entidades que ahora están controladas por el Estado.
"No se conoce el procedimiento seguido para la adjudicación de este trabajo a la mencionada consultora", indica, al tiempo que alerta sobre la inseguridad jurídica que causa esta decisión sobre un trato distinto para situaciones que en origen son iguales, a pesar de que se han publicado los criterios de selección de las personas.
En el caso específico de Bankia, indica que entre la entidad financiera y la consultora (KPMG) existe una relación previa que "genera desconfianza en los afectados", según han trasladado algunos de ellos al Defensor del Pueblo.
Los criterios para acceder al arbitraje fijados por el Gobierno son la falta de entrega de documentación relevante o irregularidades en la misma (falta de firma, que sea un menor o tenga discapacidad psíquica), así como criterios de perfil del inversor (edad, renta, origen, profesión, cartera de productos financieros en su poder, su historial), recuerda la institución.
Ante esta situación, el Defensor del Pueblo propone al Ministerio de Economía, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y al Banco de España adoptar un arbitraje "universal" para todos los "ahorradores", y que el supervisor bursátil actúe como árbitro para decidir si el cliente conocía o no el riesgo.
La institución que encabeza Becerril considera que la comisión de seguimiento prevista en el acuerdo entre el PP y el PSOE para realizar un arbitraje sólo para los clientes que adquirieron preferentes de Bankia es "buena idea", así como su composición.
Además, la defensora del pueblo pide instaurar un asesor independiente que explique a los afectados las ofertas de canje de preferentes de las entidades.
Por otro lado, el informe concluye que las alertas del sistema de protección del mercado "han funcionado de forma tardía", aunque valora las actuaciones de la CNMV para lograr un mercado más transparente y justo.
No obstante, discrepa con el supervisor bursátil sobre su falta de capacidad para prohibir la comercialización de preferentes entre minoristas con carácter preventivo e imponer a las entidades compensaciones por los perjuicios ocasionados.
Peor parado sale el Banco de España, del que la institución indica que "resulta difícil entender" que sus informes de estabilidad financiera expresaran preocupación y advirtieran de riesgos en 2002, con muy poco volumen de capital invertido en preferentes, y, en 2009, apoyara el aumento de este capital como recursos propios de las entidades.
