La reforma de la jubilación anticipada llega en un momento especialmente complicado para los trabajadores de más edad. Desde el 2008, la cifra de desempleados de 55 años o más se ha multiplicado por tres y alcanzó, al acabar el año pasado, 530.000 parados que pueden ver afectados sus planes de jubilación.

El endurecimiento de los requisitos y las condiciones para acceder a la jubilación anticipada afectarán especialmente a los parados que no han sido víctimas de expedientes de regulación de empleo (ERE). El texto del decreto ley aprobado el viernes por el Gobierno y publicado ayer en el BOE diferencia entre los jubilados forzosos y los que deciden retirarse antes de tiempo de forma voluntaria.

En el primer caso se mantiene la exigencia de haber cotizado 33 años para jubilarse a los 61 años, una edad que subirá hasta los 63 en el 2027 debido al incremento de la edad general del retiro de 65 a 67 años. Los jubilados no forzosos, que no cuenten con el aval de un ERE o un despido por causas objetivas, tendrán que haber cotizado dos años más (35) y retirarse a los 63 años.

Entre los colectivos que se pueden ver más afectados al no ser jubilados forzosos están los autónomos. Unos 40.000 se pueden ver obligados cada año a "seguir en la brecha" al no tener suficiente cotización o bien tener que esperar dos años más, según la organización de empleados por cuenta propia Uatae.

Estos efectos se pueden ver agravados por el endurecimiento de la exigencia de rentas familiares que han de acreditar los parados para percibir el subsidio para mayores que han agotado otras prestaciones, con el que hasta ahora se contaba a la hora de planificar el coste empresarial de una prejubilación.

La penalización del anticipo voluntario de la jubilación puede favorecer más una práctica propia de la ingeniería social que consiste en camuflar una baja voluntaria como un despido forzoso, especialmente en las pymes o en casos de ceses individuales. La norma ataca por otra vía las prejubilaciones, una de las alternativas habituales en los planes sociales negociados por empresas y sindicatos en las reestructuraciones.