El juez Santiago Pedraz impuso ayer una fianza de 13,5 millones en concepto de responsabilidad civil a dos de los cuatro exdirectivos de Caixa Penedés que percibieron indemnizaciones multimillonarias. También suspendió el cobro de estas cantidades. El togado de la Audiencia Nacional admitió la querella presentada el pasado martes por la fiscalía anticorrupción contra el expresidente de esta entidad, Ricard Pagés, el ex director general Manuel Troyano y los ex directores generales adjuntos Santiago Abella y Joan Caellas.

El magistrado les imputa los delitos de apropiación indebida y delito societario continuado de administración desleal con afectación de intereses generales. En su resolución asume los argumentos esgrimidos por la fiscalía. En la querella del ministerio público se explica que los cuatro, junto al fallecido Jaume Jorba, contrataron pólizas de seguros por valor de 23,4 millones de euros que cobrarían en caso de abandonar sus puestos en la entidad por cualquier circunstancia.