PP y PSOE pactaron ayer un acuerdo para compensar a los tenedores de participaciones preferentes y deuda subordinada que no fueron debidamente informados por sus entidades financieras del riesgo que implicaban esos productos. Desde el sector financiero, ese acuerdo "llega un poco tarde y pretende subirse al carro de una solución que ya funciona" para los clientes de algunas de esas entidades. El pacto básicamente supone la creación de una comisión de seguimiento (CSA) de los procedimientos de arbitraje de esos instrumentos, que fijará el perfil de quién debe recuperar su inversión.
Los bancos nacionalizados son los destinatarios de ese acuerdo, pero no todos en la misma medida, pues mientras que Catalunya Caixa y Novagalicia Banco empezaron a aplicar junto con las autoridades de consumo un sistema de arbitraje durante el pasado año, Bankia aún no lo ha hecho. Con el agravante de que esa entidad, también controlada por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), es la que tienen un mayor número de clientes --unos 80.000-- que suscribieron los productos híbridos de capital: bonos subordinados con vencimiento, participaciones preferentes y bonos subordinados perpetuos.
MAS CONFIANZA El pacto fue presentado ayer en Madrid por Alfonso Alonso, portavoz parlamentario del PP y Valeriano Gómez, portavoz económico del PSOE en el Congreso. "Ahora está de moda el acuerdo. Nosotros llevamos un año proponiéndolos, mientras que el PSOE lleva un día. Cuando hay pacto, las soluciones dan más confianza", señaló Alonso. Pese al recién logrado entendimiento, Alonso sostuvo que la culpa del escándalo de las preferentes era del Gobierno socialista. Dijo que el acuerdo corregía "una gran injusticia" que en "mayo de 2011 afectaba a más de 680.000 ahorradores por valor de 22.500 millones de euros".
"Estamos razonablemente satisfechos. Se trata de un acuerdo sensato", dijo Gómez. Según los socialistas, este pacto no entra en contradicción con el Memorándum de Entendimiento del rescate bancario, ya que con las preferentes se hizo una "comercialización engañosa", por lo que "no tiene sentido imponer a sus víctimas penalizaciones".
La base de ese documento parte de la experiencia de Catalunya Banc y Novagalicia Banco, que impulsaron procesos con las consejerías autonómicas con competencias en consumo, a partir del asesoramiento de consultoras independientes que fijaron los criterios para decidir qué clientes debían recuperar su inversión. Entre los criterios utilizados se determinó falta de documentación relevante o irregularidades en la misma. Y en los que respecta al perfil del inversor se analizó al titular y cotitular, utilizando criterios como la conclusión del test de conveniencia, Mifid, la edad, la renta y su origen. Esos criterios servirán de base para determinar los criterios de la nueva comisión.
Se da la circunstancia de que se han producido muchos casos en los que el titular de las preferentes es de edad avanzada, pero fue convencido por su hijo o hija de que suscribiera el producto, con lo que no tenía el conocimiento del mismo, pero tampoco la entidad bancaria es la responsable de que lo suscribiera, lo que plantea algunas dudas sobre cómo resolver esos casos.
La comisión estará compuesta por la CNMV, el Banco de España, el Instituto Nacional de Consumo, el Tesoro, las consejerías autonómicas con competencia en consumo y el Consejo de Consumidores y Usuarios.
