La Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) podrá impugnar y suspender una norma autonómica si vulnera los principios de unidad de mercado incluidos en el anteproyecto de ley aprobado este viernes por el Gobierno, según señalaron fuentes del Ministerio de Economía y Competitividad. El anteproyecto, que impulsa el principio de licencia única en España, arbitra mecanismos para que las empresas puedan dirigirse a las comunidades si creen que alguna norma autonómica vulnera la unidad de mercado.
Si las comunidades no dan una respuesta positiva, las empresas podrán acudir a la Comisión de Mercados y Competencia que, en un plazo de cinco días, decidirá si admite o no la reclamación. Si la admite, puede presentar recurso ante la jurisdicción correspondiente. En caso de que dicha instancia admita el recurso, el proceso puede derivar en la suspensión del acto o la disposición administrativa en cuestión.
Además, la Comisión podrá actuar de oficio, de forma que si detecta que una disposición autonómica vulnera la unidad de mercado podrá impugnarla por su cuenta. En ambos casos tendrá que informar al Ministerio de Economía y Competitividad.
Las fuentes han explicado que el procedimiento es similar al que aplica el Estado con las leyes autonómicas si considera que son inconstitucionales, y que el órgano elegido es la CNMC, aún en tramitación, por tratarse de un organismo independiente y especializado en mercados.
La nueva norma de unidad de mercado impulsa el principio de licencia única al permitir que los agentes económicos apliquen su legislación de origen para operar en todo el país, sin tener que recurrir a especificaciones diferentes o permisos especiales.
Así, una empresa que ya tenga licencia para operar en una comunidad autónoma podrá empezar a operar en otra sin necesidad de obtener permisos adicionales aplicando el principio de confianza mutua. Además, los registros de las personas que prestan servicios en una determinada región servirán para operar en el resto del país.
El anteproyecto impulsa también la creación del Consejo para la Unidad de Mercado, presidido por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, y en el que estarán representadas todas las comunidades. El objetivo del Consejo será acordar líneas de trabajo para evitar la fractura de mercado.
Principio de no discriminación
Por otro lado, la nueva norma establece el principio de no discriminación para que ninguna comunidad autónoma pueda exigir a las empresas que tengan la sede en una determinada región para poder optar a un concurso público.
Además, fija una serie de principios de buenas prácticas regulatorias, como el de necesidad, de simplicidad, de proporcionalidad, de mínima distorsión, de transparencia y coherencia y de restricción a la concesión de autorizaciones, entre otros.
Asimismo, impulsa otros mecanismos de cooperación, como los registros electrónicos compartidos entre las comunidades o la obligación de que todas las regiones comuniquen al resto las normas que aprueben y puedan afectar a otros territorios.
Diferencias lingüísticas
Sobre si la nueva norma se ve afectada de alguna manera por las diferencias lingüísticas en España, las fuentes han precisado que ése es un ámbito natural de regulación de la UE, por lo que la norma no implica ningún cambio en este sentido.
Así, puesto que la legislación de la UE obliga a que los productos de libre circulación estén etiquetados al menos en la lengua oficial del país miembro, todos los productos tendrán que estar etiquetados al menos en castellano, independientemente de donde se comercialicen.
La norma, que según las fuentes es similar a la que impulsaron países europeos hace años --como Alemania--, podría estar en vigor en cinco o seis meses, aunque siempre dependerá de lo que dure el proceso de consulta y la tramitación parlamentaria en las cortes.
Impacto económico
En términos económicos, la ley podría elevar en 1,5 puntos el PIB en diez años, según los estudios realizados por el Ministerio de Economía y Competitividad. Según estos cálculos, generaría 1.500 millones al año y elevaría el PIB un 0,15% cada ejercicio.
Además, provocaría un aumento permanente del consumo de 1,8 puntos en diez años, lo que supone un aumento anual del 0,18%. La inversión, por su parte, crecería un 0,51% en esa misma década y un 0,05% cada ejercicio. Por su parte, las importaciones se elevarían en un 0,08% (un 0,01% cada año) y las exportaciones aumentarían un 0,82% (0,08% cada año).
Además, reducirá las cargas administrativas asociadas con la creación de empresas, que tiene un peso en el PIB nacional del 4,6%, en un 35%, lo que permitirá que se liberen recursos para actividades productivas. Esta liberación elevará el trabajo productivo en un 2,07% respecto al empleo total y la productividad total de la economía en un 1,23%.
