El Banco de España tendrá la última palabra sobre quién puede formar parte del consejo de administración o de la dirección general de las entidades financieras. Incluso podrá decidir si un alto directivo de estas entidades imputado en algún caso judicial puede estar vinculado a esas entidades, según el borrador del decreto-ley que modifica los requisitos de honorabilidad, experiencia y buen gobierno en las entidades de crédito.
Las modificaciones más significativas del decreto, que data de 1995, se centran en exigir honorabilidad y capacidad profesional --conocimientos y experiencia probada-- de los consejeros, así como de la alta dirección. Se intenta evitar que en los consejos se sienten personas sin conocimientos suficientes y por ello manipulables, como ha ocurrido en no pocas cajas cuyos directivos manejaron esas entidad a su antojo.
