La 'troika' formada por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha propuesto una nueva quita de deuda para Grecia que afectaría a los acreedores públicos del país, entre ellos estados europeos con bonos helenos, quienes deberían comprometerse a renunciar a parte del dinero que les debe el Gobierno de Atenas. Esta propuesta fue presentada el pasado jueves en una reunión preparatoria entre la 'troika' y representantes de la eurozona de cara a la próxima reunión de ministros de Economía del grupo, según informa este domingo el semanario alemán 'Der Spiegel'.

El plan ha contado con el rechazo de Alemania, que se niega a renunciar al dinero que le debe Atenas. El ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schaeuble, se ha negado tajantemente a que los acreedores públicos participen en esta nueva quita como ya lo hicieron en su día los privados, de manera voluntaria.

"Es una discusión que no tiene nada que ver con la realidad en la que se viven los países miembros de la eurozona", declaró a la emisora alemana Deutschlandfunk.

Schaeuble propone un programa de recompra de deuda, por el que Grecia podría recomprar de nuevo con sus antiguos bonos con nuevos intereses a precios de mercado".

En cualquier caso, el Banco Central Europeo, que tiene 40.000 millones de euros en bonos soberanos griegos, no podría participar en esta nueva quita de deuda, que equivale a refinanciar al Gobierno griego, algo que la institución europea tiene terminantemente prohibido. Lo que sí puede hacer es renunciar a los beneficios que podía obtener con la deuda helena que posee, ya que adquirió los bonos a un precio de mercado muy inferior al nominal.

Solo un 60% de reformas

El informe de la troika recogido por el magacín alemán indica que Atenas solo ha puesto en marcha un 60 por ciento de las reformas solicitadas por los negociadores. Un 20 por ciento de las reformas todavía está sobre la mesa de debate del Gobierno griego y el otro 20 está paralizado.

En el documento, además, la 'troika' propone 150 medidas adicionales de ajuste, entre las que destacan las dirigidas a liberalizar el mercado laboral, como la facilitación del despido, la reducción del salario mínimo y la eliminación de ciertas ventajas en algunas profesiones.