La maquinaria de la justicia para averiguar qué ha pasado en Bankia, que en unos días pasó de tener unos beneficios de 308 millones de euros a pérdidas multimillonarias, se ha puesto en marcha. El juez Fernando Andreu ha citado a declarar, en calidad de imputados, al expresidente de la entidad Rodrigo Rato y a 32 miembros de los últimos consejos de administración del banco y su matriz, el Banco Financiero y de Ahorros.
Las declaraciones comenzarán el próximo 5 de noviembre y se prolongarán hasta el 20 de diciembre. El primero en comparecer será Angel Villanueva, que tuvo responsabilidades en Bancaja, y el último en acudir ante el magistrado será Rato. Las declaraciones se celebrarán por la mañana y cada día han sido convocados dos imputados con un paréntesis entre el 27 de noviembre y el 12 de diciembre.
Entre los convocados destacan el exministro del Interior en el Gobierno de José María Aznar, Angel Acebes; el expresidente de Bancaja José Luis Olivas y el vicepresidente de la CEOE, Arturo Fernández. También aparece José Manuel Fernández Norniella, que fue la mano derecha de Rato desde que llegó a la presidencia del grupo formado por Caja Madrid, Bancaja, Caja de Canarias, Caja de Avila, Caixa Laietana, Caja Segovia y Caja Rioja.
Bankia nació en marzo del 2011 y salió a la bolsa en julio del 2011, aunque no llegó a cumplir un año antes de ser nacionalizada. El pasado mes de mayo, Rato dimitió y fue sustituido por José Ignacio Goirigolzarri. Precisamente, ayer se supo que el nuevo presidente ha decidido anular el cobro de bonus a los directivos de la entidad después de que se haya conocido que necesita más de 24.743 millones de euros.
Estos bonus se suelen cobrar de forma diferida y son compensaciones por el pasado ejercicio. Los consejeros que no lo han recibido todavía no lo cobrarán y los que lo han percibido en parte o en su totalidad tendrán que devolverlo.
El juez Andreu admitió la querella presentada por el partido de Rosa Díez, UPyD, a la que se sumó la de la fiscalía anticorrupción el pasado mes de julio. Entonces calificó los hechos como un delito de estafa, administración desleal, apropiación indebida, falsificación de cuentas y maquinación para alterar el precio de las cosas. Además, justificó su competencia porque la quiebra de Bankia "podría desestabilizar todo el sistema financiero del país".
