La Comisión Europea hará públicos este viernes los resultados de su primera evaluación de si España cumple las condiciones impuestas por la UE a cambio del rescate de hasta 100.000 millones de euros para la banca, que todavía no ha empezado a pagarse, según han informado fuentes europeas.

Los inspectores del Ejecutivo comunitario y del Fondo Monetario Internacional han viajado a Madrid durante la segunda quincena de octubre para verificar sobre el terreno la aplicación de los requisitos previstos en el memorándum de entendimiento firmado en julio.

Entre ellos se encuentra la última reforma bancaria aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy a finales de agosto, la puesta en marcha del banco malo para activos inmobiliarios y la elaboración de los planes de reestructuración para las entidades que reciban ayudas.

El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, afirmó el pasado jueves que el programa de recapitalización bancaria para España va "en la buena dirección".

La consultora Oliver Wyman ha cifrado en un máximo de 60.000 millones de euros las necesidades de capital de las entidades con problemas, y el Gobierno todavía debe precisar qué cantidad se pedirá al fondo de rescate.

En todo caso, el Eurogrupo ya ha dejado claro que el dinero no empezará a llegar a Madrid hasta noviembre y sólo se desbloqueará cuando el comisario de Competencia, Joaquín Almunia, apruebe los planes de reestructuración que presenten las entidades, que supondrán venta de activos, cierre de oficinas y pérdidas para los titulares de preferentes.

Las primeras entidades que deben recibir capital son las nacionalizadas: Bankia, Catalunya Caixa, Novagalicia y Banco de Valencia. Para ellas, el rescate bancario prevé un primer tramo de hasta 45.000 millones de euros y 25.000 millones para financiar el banco malo.

Pese a los acuerdos de la cumbre de junio para romper el "círculo vicioso" entre deuda bancaria y deuda soberana, la canciller alemana, Angela Merkel, aseguró la semana pasada que España no se beneficiará de la recapitalización directa retroactiva, lo que significa que el préstamo europeo computará como deuda pública.