A pesar de los drásticos ajustes presupuestarios y los recortes en las prestaciones sociales, el déficit público español solo se redujo el año pasado en 1.036 millones de euros, según anunció ayer Eurostat, el organismo oficial de las estadísticas europeas, al revisar los datos sobre las cuentas públicas españolas.
El déficit público español acabó el 2011 en el 9,4% del producto interior bruto (PIB), según los nuevos datos de Eurostat, muy por encima del 8% que había anunciado inicialmente el Gobierno de Mariano Rajoy al asumir el poder. El objetivo inicial que había pactado el anterior Gobierno para España con la Unión Europea (UE) era el 6%. Con el nuevo dato de déficit del 9,4%, España se coloca al nivel de Grecia en el 2011.
El Gobierno cifró en abril el déficit en el 8,5%. Sin embargo, el Ejecutivo ya tuvo que elevar precipitadamente esa cifra en mayo hasta el 8,9% debido a los gastos ocultados por las comunidades autónomas. El nuevo aumento hasta el 9,4% se debe al impacto del saneamiento de bancos y cajas. La cifra total de deuda pública española se situó a finales del 2011 en 736.468 millones, es decir, al 69,3% del PIB.
España se distingue de los principales países de la eurozona y de la UE por su bajo nivel de presión fiscal, con una recaudación de impuestos y de seguridad social que supone el 35,7% del PIB. En la zona euro es el 45,4% del PIB y en la UE el 44,7%.
Ante el nuevo desvío del déficit, la Comisión Europea indicó que emitirá su valoración sobre si España está adoptando medidas efectivas o si debe realizar ajustes adicionales el 7 de noviembre cuando presente las previsiones de otoño.
El Ejecutivo comunitario ya tuvo en cuenta parte del desvío del déficit cuando la UE concedió en julio un año más a España, hasta el 2014, para reducir el déficit por debajo del 3%, explicó el portavoz del comisario de Economía, Olli Rehn.
En su nuevo análisis, la Comisión Europea se fijará prioritariamente en el esfuerzo realizado por el Gobierno para reducir el déficit estructural y menos en el objetivo nominal, precisó el portavoz de Rehn. El Ejecutivo comunitario tendrá en cuenta el impacto "inevitable" del coste del saneamiento de la banca y del agravamiento de la recesión, añadió el portavoz de Rehn.
