Las petroleras suelen defender que los precios de los carburantes reflejan fielmente los costes que soportan más un mínimo margen comercial, y que por tanto no los pueden bajar sin quedarse sin beneficio o incluso entrar en pérdidas. Pero lo cierto es que desde que el Gobierno las empezó a presionar, los combustibles se han abaratado en la línea que les marcó el Ejecutivo.

El ministro de Industria, José Manuel Soria, se reunió la semana pasada con los presidentes de Repsol (Antoni Brufau), Cepsa (Santiago Bergareche) y BP España (Jorge Lanza). "Les reclamó que el precio de los carburantes antes de impuestos baje hasta la media europea", explican fuentes cercanas al responsable de la política energética del Ejecutivo.

El fuerte encarecimiento de los combustibles en verano despertó las alertas. A mediados de agosto, la gasolina española era la tercera más cara antes de impuestos de la Unión Europea de los 27 y el gasóleo, el octavo más gravoso. Pero este lunes, la gasolina era ya la 15 y el diesel, el 12º. La diferencia de precio con la media europea ha caído de forma notable. La gasolina española ha pasado de ser 0,037 euros por litro más cara el 13 de agosto a tan solo 0,006 el pasado lunes, mientras que la diferencia del diesel ha pasado de 0,025 a 0,013 euros en el mismo periodo, según el boletín petrolero semanal de la UE.

Entre medias, el Gobierno anunció el 8 de septiembre que estudiaba tomar medidas y se reunió con las empresas el 14 de septiembre. El problema es que la subida del IVA ha neutralizado parte del efecto de esa rebaja de los precios antes de impuestos en lo que pagan los conductores. Desde el pasado 27 de agosto, última fecha con datos disponibles antes de la subida del impuesto el 1 de septiembre, la gasolina apenas se ha abaratado de 1,512 a 1,501 euros por litro, mientras que el gasóleo se ha encarecido de 1,422 a 1,432.

El problema de fondo, como ha reconocido Soria, son las pensiones. La escalada de los carburantes ha provocado que el IPC haya subido del 1,9% de junio al 2,7% en agosto. Y el Ejecutivo quiere desinflarlo de cara a noviembre, ya que la inflación de ese mes es la que se utiliza para subir esas prestaciones. Debido a la precaria situación de las arcas públicas, el Gobierno no quiere bajar los impuestos para abaratar el carburante (están por debajo de la media europea, además) y quiere que el alza de las pensiones sea lo más baja posible, si llega a producirse.