El Gobierno de España se ha apuntado un tanto al arrancar a sus socios europeos que la recapitalización a la banca sea directa y no a través del Estado. Con todo, es posible que la gran mayoría del apoyo proveniente de Bruselas tenga que pasar por las cuentas públicas transitoriamente en los próximos meses.

La razón es que las entidades nacionalizadas (Bankia, Catalunya Banc, Nova Galicia Banco y el Banco de Valencia) no pueden esperar hasta fin de año para ser recapitalizadas (momento en que se supone que el BCE asumirá labores de supervisión financiera, a lo que está condicionada la ayuda directa).

El Ministerio de Economía está negociando con Bruselas para que las nacionalizadas puedan cubrir sus déficits de capital con ayuda pública "en tres o cuatro meses máximo". Otras fuentes de la administración han explicado que este grupo "concentra más de dos terceras partes de los 62.000 millones" de agujero máximo de recursos estimado por los valoradores independiente contratados por el Ejecutivo. Es decir, que las cuentas del Estado (principalmente la deuda) podrían tener que asumir temporalmente más de 40.000 millones (cerca de cuatro puntos del PIB). Con todo, según fuentes conocedoras de las negociaciones, "cabe la posibilidad de que la recapitalización directa tenga efecto retroactivo y borre el impacto en las arcas públicas".

La situación, en cualquier caso, es incierta a falta de que se desarrolle el acuerdo de la cumbre europea. Las nacionalizadas, por ejemplo, recibirán el apoyo en capital con alta probabilidad, ya que difícilmente podrían devolver los intereses (8,5%) de un préstamo.

¿Entrará entonces el fondo como accionista? ¿Pasarán a estar, además de nacionalizadas, europeizadas? Algunas fuentes financieras apuntaban que es probable que, en el caso de las nacionalizadas, se obligue a que la ayuda pase por el Estado, aunque no hay confirmación oficial.

Las entidades que no están nacionalizadas pero tengan que pedir ayuda tras el análisis externo a la banca que concluirá en septiembre se temen "que la reestructuración la decidirá Bruselas, que incluso determinará con quien te tienes que fusionar", según una de ellas. Lo que tiene claro el sector es que las ayudas tendrán duras condiciones: "Cerrar oficinas, bajar sueldos, reducir plantillas, vender activos y participaciones, y mejorar el endeudamiento, además de la reforma de la supervisión".