El Estado tendrá el 100% del Banco Financiero y de Ahorros (BFA), lo que indirectamente le otorga el control del 45% de Bankia. Esos porcentajes se derivan de una valoración negativa de Bankia, según la tasación realizada para la nacionalización del grupo que ayer fue presentada al consejo de administración, reunido con anterioridad a la junta de accionistas que se celebrará el viernes.
Según la tasación realizada, Bankia tiene un valor negativo de 13.635 millones de euros, según fuentes del consejo de administración. La nueva auditoría del grupo financiero se ha llevado a cabo para proceder a su nacionalización.
La valoración presentada al consejo supone que la conversión de los 4.465 millones de participaciones preferentes en acciones de BFA se traduce en la nacionalización del 100% de la matriz del grupo. Todos los consejeros de BFA presentaron ayer su dimisión, y fueron sustituidos por un consejo formado por técnicos, con cuatro consejeros del banco, uno del FROB y presidido por Goirigolzarri.
Obra social
Las siete cajas de ahorros que crearon BFA se quedan sin ningún patrimonio en la entidad, lo que las deja sin dividendos futuros que usar para la obra social. Las entidades afectadas son Caja Madrid, Bancaja, La Caja de Canarias, Caja de Ávila, Caixa Laietana, Caja Segovia y Caja Rioja. La situación no es distinta a la que le tocó a Unnim y se aproxima a la CatalunyaCaixa, ambas controladas por el FROB. No obstante, esta última cuenta con ingresos propios de la obra social, que le permite mantener parte de la actividad.
La valoración de Bankia es previa a las inyecciones de capital público, tanto los 4.465 millones de euros como de los 19.000 millones solicitados por el nuevo presidente de la entidad, José Ignacio Goirigolzarri, para llevar a cabo el saneamiento necesario, derivado de las provisiones que imponen los dos últimos decretos del Gobierno, así como de otras necesidades derivadas de una valoración más exigente de la cartera de créditos.
Respaldo europeo
La Comisión Europea autorizó ayer provisionalmente la conversión en acciones de los 4.465 millones de la anterior ayuda financiera a Bankia correspondiente al 2010 y la concesión de garantías públicas por valor de 19.000 millones, informa Eliseo Oliveras. Sin embargo, el comisario de Competencia, Joaquín Almunia, supeditó la autorización de la nueva inyección de capital a que la entidad se someta a un «plan de reestructuración profundo». España debe presentar ese plan de reestructuración en el plazo máximo de seis meses, recordó Almunia.
