La renuncia de ayer de José Luis Olivas como vicepresidente de Bancaja ejemplifica el declive del poder político valenciano en las finanzas. Básicamente, porque no hay finanzas valencianas: la mala gestión y los excesos del ladrillo han barrido del mapa a la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), a Bancaja y a su participada Banco de Valencia. Las tres entidades han sido nacionalizadas para evitar su quiebra, mientras los políticos al frente de su gestión siguen eludiendo responsabilidades, aunque con un pie en los juzgados.

Olivas, que fue presidente de la Generalitat valenciana, fue encumbrado en Bancaja por Eduardo Zaplana, como si fuera lo más normal del mundo que un político presidiera una caja de ahorros. Imputado por el agujero de Banco de Valencia, Olivas se ha resistido hasta el final, como lo hizo Rodrigo Rato en Bankia (entidad resultante de la fusión del negocio financiero de Caja Madrid, Bancaja y cinco entidades más) y como también se resistió Miguel Blesa en Caja Madrid.

Olivas ha sido sustituido por Antonio Tirado, quien fue alcalde de Castellón y accedió a Bancaja también en representación del Partido Popular. Tirado ha sido demandado por su implicación en el agujero del Banco de Valencia.

Lento deterioro

Entre los caídos están las cúpulas directivas de la CAM (Maria Dolores Amorós y Modesto Crespo), de las gallegas (José Luis Pego, Javier García de Paredes, Gregorio Gorriarán) y Caixa Penedès (Ricard Pagès y Manuel Troyano). Todos se fueron con pensiones e indemnizaciones millonarias. En el lento proceso de deterioro de las finanzas españolas, que dura desde hace cinco años, los directivos de la Caja Castilla la Mancha (CCM) fueron los primeros en saltar a la palestra al tratarse de la primera caja intervenida. La Fiscalía Anticorrupción concluyó que el expresidente de CCM, Juan Pedro Hernández Moltó, y el exdirector general de la entidad, Ildefonso Ortega, no se enriquecieron durante su gestión al frente de la caja manchega. Pero la mala gestión quedará en los libros de la historia financiera del país.

El pasado 3 de febrero, el Gobierno central limitó a 600.000 euros el sueldo de la cúpula en las entidades con ayudas públicas y a 300.000 euros, en las que han sido intervenidas por el Estado. Ahora solo falta que se limite el acceso de los políticos a las cajas de ahorro o en lo que queda de ellas.