Aunque pueda resultar sorprendente, apenas 27 años de voracidad desmedida y desatada de los gobernantes autonómicos han bastado para llevar a la práctica aniquilación a unas instituciones con más de tres siglos de historia en España. Es el tiempo transcurrido desde la aprobación de la ley que reguló los órganos rectores de las cajas de ahorro en 1985 y dio entrada a las recién nacidas comunidades autónomas en estas entidades financieras. El primer golpe fue la reforma del vicepresidente Enrique Fuentes Quintana del año 1977, que equiparó su funcionamiento al de los bancos y les alejó de su origen básicamente social y regional. Las cajas ya tenían vía libre para competir por toda España, lo que les llevó a un crecimiento en muchos casos desbocado y con pies de barro. Pero el tiempo ha demostrado que su caída bajo el poder autonómico supuso su auténtica acta de defunción.
En un modelo desastroso, las comunidades asumieron amplias competencias estatales en materia de vigilancia de las entidades, pero al mismo tiempo pasaron a formar parte de sus órganos de gobierno. Es decir, que se convirtieron en juez y parte, lo que dejó a muchas cajas a merced de los gobernantes de turno, que las convirtieron en sus brazos armados financieros.
Hubo excepciones. Algunas de las leyes de cajas autonómicas fueron más rigurosas y algunas
