El Consejo de Ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (UE) aceptó ayer romper el objetivo de normas de capital mínimo comunes para todos los bancos europeos en aplicación de los Acuerdos de Basilea-III y cedió a las exigencias de Gran Bretaña de conceder a los países un amplio margen para establecer los requisitos de capital adicionales en su territorio, lo que impedirá el objetivo de conseguir un mercado financiero unificado europeo y mantendrá las segmentaciones nacionales.
El compromiso fue criticado de inmediato por el Banco Central Europeo (BCE), la Autoridad Bancaria Europea (EBA, en inglés) y la Comisión Europea porque implica una "flexibilidad excesiva", que puede tener consecuencias negativas para el funcionamiento del mercado financiero europeo en su conjunto y crear distorsiones en la competencia. El texto definitivo de requisitos de capital deberá ser ahora pactado con el Parlamento Europeo y el comisario de Mercado Interior, Michel Barnier, expresó su confianza en que durante ese trámite se limite esa excesiva flexibilidad.
La nueva normativa obligará a las entidades financieras a tener unos recursos propios (capital más reservas) mínimos en el 2019 del 8% de los activos totales. Las entidades bancarias además deberán disponer de un colchón adicional de conservación de capital del 2,5% y durante los periodos de bonanza económica tendrán que constituir otro colchón suplementario en previsión de los tiempos de crisis, que será fijado por los supervisores bancarios nacionales en cada país.
Gran Bretaña consiguió que la nueva normativa permita a cada país poder imponer a los bancos en su territorio un requisito de capital adicional equivalente al 3% de todos sus activos dentro y fuera del país. El compromiso permite además a cada país imponer en su territorio una exigencia de capital suplementaria del 2% sobre los activos del banco en el territorio nacional y fuera del territorio de la UE.
Londres también logró que los países pudieran imponer esas exigencias de capital y otras medidas complementarias sin la necesidad de tener la autorización de la Comisión Europea o de la EBA.
