Los contribuyentes que hayan recibido una notificación de que están siendo investigados por Hacienda por deudas tributarias pendientes no se podrán acoger a la amnistía fiscal aprobada el viernes por el Gobierno. Así lo establece el real decreto ley de medidas tributarias y administrativas para reducir el déficit, publicado ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE). En cambio, quienes saquen a la luz capital oculto acogiéndose a esta medida de gracia se verán exonerados de responsabilidades penales, aunque hayan cometido un delito contra la Hacienda Pública.

Hacienda creará un modelo de impreso especial para las personas o sociedades que declaren rentas ocultas al fisco en los últimos años. En el nuevo impreso, del que se beneficiarán tanto defraudadores del impuesto de la renta (IRPF) como del de sociedades, se tendrá que declarar la cuantía resultante de aplicar al importe o valor de adquisición de los bienes o derechos que tendrían que haber tributado en otros ejercicios anteriores el gravamen especial del 10%.

EXENTO DE RECARGOS Una vez hecha la declaración especial y liquidado el 10%, lo que supone ahorrarse hasta 46 céntimos por cada euro eludido, el beneficiario quedará exento de sanciones, intereses de demora y recargos, añade el real decreto ley. Los contribuyentes interesados en esta vía deberán presentar su declaración antes del 30 de noviembre. Hacienda espera ingresar con esta medida extraordinaria unos 2.500 millones de euros.

Hace menos de dos años, el PP cargó contra el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero cuando se conoció que había estudiado poner en marcha un proceso de regularización fiscal, que no llegó a aplicar nunca.

Otra de las medidas incluidas en el real decreto se refiere a los ayuntamientos en los que se haya practicado la revisión catastral. Estos municipios no estarán obligados a escalonar en varios años la entrada en vigor de los nuevos valores, sino que, en el 2012 y con carácter excepcional, podrán hacerlo de golpe. Es lo que se llama un catastrazo .

Además, se crea una comisión de coordinación financiera de actuaciones inmobiliarias y patrimoniales, que estará presidida por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, con el fin de hacer una gestión más eficaz de estos bienes.