El anteproyecto de ley del Gobierno que reforma los organismos supervisores ha despertado un alud de críticas en los actuales órganos reguladores. La cuestión de fondo es saber si la reforma es buena o no para los consumidores y conocer quiénes ganan o pierden con ella.

El texto del Gobierno "puede incidir de manera crucial en el precio y la calidad de servicios esenciales para los consumidores españoles y para las empresas del país", ha advertido la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT). Al mismo tiempo, el anteproyecto parece colmar las aspiraciones de grandes operadores como Telefónica. Su presidente, César Alierta, aboga desde hace años por un modelo supervisor menos intervencionista, donde el control de la competencia se ejecute a posteriori, y no a priori con reglas que, según Telefónica, no hacen sino frenar la inversión y el empleo.

TRASPASO DE FUNCIONES El 24 de febrero el Consejo de Ministros aprobó una reforma de los organismos supervisores cuyo eje principal es unificar los ocho existentes en uno nuevo, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). En él se aglutinarán los actuales reguladores de energía, competencia, telecomunicaciones, medios audiovisuales, juego, aeropuertos, transporte ferroviario y servicios postales. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, justificó la reforma por razones de seguridad jurídica y eficacia y estimó en unos cuatro millones de euros el ahorro en sueldos y retribuciones de los consejeros, que pasarán de un total de 52 a nueve en la nueva CNMC.

Las 48 páginas del anteproyecto despojan de numerosas funciones y tareas a los organismos reguladores que pasarán a ser ejercidas directamente por el Gobierno. La CMT, por ejemplo, dejará de controlar la portabilidad (cambio de compañía telefónica), un campo en el que la Comisión ha sido especialmente combativa favoreciendo la competencia y la rebaja de precios. La Comisión de la Energía (CNE) pierde el control sobre las operaciones de fusión o adquisición de empresas (función 14) que pasará al Ministerio de Industria.

El Gobierno también asumirá la función de la Comisión Nacional de Competencia (CNC) que le permite hacer incómodos informes para denunciar leyes y normas que van contra la libre competencia en perjuicio de los consumidores.

Para la organización de consumidores OCU, es positivo que se unifiquen los órganos supervisores para ahorrar, pero le parece "peligroso que las competencias pasen al Gobierno", afirma su portavoz Illeana Izverniceanu.

CURIOSA COINCIDENCIA Muchos expertos consultados coinciden en que la ley abre la puerta al control ex-post que reclaman las grandes compañías en detrimento del actual control ex-ante que permite imponer obligaciones a los operadores dominantes.

Las coincidencias entre el anteproyecto de ley y un informe encargado por Telefónica a la consultora PWC, de 14 de febrero, no han pasado desapercibidas en los organismos afectados por la reforma. "Telefónica dicta a Rajoy el nuevo modelo de competencia y reguladores", tituló la web Tu2sis al dar cuenta del informe de PWC.