Con solo dos días de vigencia, el nuevo decreto ley de reforma laboral ya es la piedra angular del enfrentamiento político entre el Gobierno del PP y la oposición de izquierdas, mientras los sindicatos estudian su posible inconstitucionalidad. Una de las razones cuestionadas por CCOO y UGT es la distinción que se establece entre los trabajadores de las grandes empresas y los de las pymes en la negociación colectiva sobre las condiciones de trabajo o el despido.

A la percepción sindical se sumó Izquierda Unida. Por su parte, el PSOE --el secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba, se reunió con las centrales por la tarde-- consideró que la reforma del Ejecutivo de Mariano Rajoy nos devuelve a la "predemocracia" porque "rompe el equilibrio" en la negociación colectiva entre empresarios y sindicatos.

Mientras dure la tramitación del proyecto de ley en las Cortes, el Ministerio de Empleo y los agentes sociales mantendrán contactos "técnicos", pero no se prevé que el presidente del Gobierno vaya a recibirlos como cuando aún no había sido investido. Estos contactos, no obstante, no servirán para corregir los aspectos más criticados del decreto, que Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez detallaron a la ministra Fátima Báñez en presencia de los presidentes de la CEOE, Juan Rosell, y de la Ce- pyme, Jesús Terciado. Ninguno de los dos quiso comparecer ante los medios de comunicación al terminar el encuentro.

EL LAUDO RESUCITA Uno de los temas de dudosa legalidad para los sindicatos es la recuperación de una figura que ya había caído de la legislación española, como es el laudo obligatorio en caso de que se hayan agotado todos los pasos anteriores con desacuerdo entre el empresario y la representación de los trabajadores. Las centrales alegan incluso que hay sentencias judiciales que impiden a la Administración emitir laudos obligatorios.

Además, denuncian que el nuevo contrato para emprendedores permite el despido libre y gratuito, ya que amplía hasta un año (ahora son seis meses) el periodo de prueba en las empresas que tengan menos de 50 empleados, momento en el que se puede despedir al contratado sin derecho a una indemnización.

APOYO DE LOS AUTONOMOS Este contrato es el que más agrada a las organizaciones de autónomos, entre ellas ATA y UPTA, que por la tarde se entrevistaron con Báñez, por la "oportunidad" que les brinda las deducciones y las bonificaciones previstas. Como