La Policía judicial ha procedido al registro de varias viviendas propiedad de la familia Ruiz-Mateos situadas en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón por orden del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que investiga la presunta estafa a los inversores de pagarés de Nueva Rumasa, según confirmaron a Europa Press fuentes del Ministerio Fiscal y de la Audiencia Nacional.
La petición de entrada y registro de las propiedades de los Ruiz-Mateos la formuló la Fiscalía Anticorrupción, dentro de las pesquisas que está llevando a cabo contra el fundador de Nueva Rumasa, su mujer, sus seis hijos varones y un sobrino, imputados por la Audiencia Nacional por presuntos delitos de estafa, administración desleal e insolvencia punible.
Los agentes de la Policía judicial registraron la casa familiar de los Ruiz-Mateos, situada en la calle Alondra, número 2, en la localidad de Pozuelo de Alarcón. En el momento de la llegada de los agentes en el domicilio se encontraba el patriarca de los Ruiz-Mateos y su mujer, Teresa Rivero. Ambos han abandonado la vivienda minutos después por separado.
También han registrado el chalé vecino situado en la calle Ciervo, número 19, que era utilizado por los hijos del fundador de Nueva Rumasa como oficinas y en el que estaban domiciliadas las principales sociedades del holding de la abeja. Los registros se producen dentro de la pieza separada que se encuentra bajo secreto de sumario.
El pasado 16 de enero, el juez prorrogó un mes más el secreto de sumario decretado en la causa abierta contra la familia Ruiz-Mateos por la venta de pagarés de las sociedades de Nueva Rumasa. La Audiencia Nacional también investiga el proceso de venta de la compañía al empresario experto en empresas con dificultades Ángel de Cabo, a través de la sociedad Back in Business, anunciado el pasado 9 de septiembre.
La Fiscalía Anticorrupción concluyó que la familia Ruiz-Mateos captó un total de 385,3 millones de euros de 4.110 inversores mediante la emisión de pagarés de 13 empresas del grupo Nueva Rumasa. Los fiscales fijan en 289,1 millones de euros el total que queda por abonar a los inversores, ya que el grupo abonó algo menos del 25 por ciento de las obligaciones.
