La morosidad en los pagos a proveedores va a más. En el 2011 el plazo medio de cobro de facturas entre empresas se alargó hasta 98 días (5 días más que en el 2010). También empeoraron los plazos en los que la Administración paga a sus proveedores, pasando de una media de 157 días en el 2010 a 162 días en el 2011. Además, el porcentaje medio de impagados ha pasado del 5,1% de la facturación en el 2010 al 7,1% en el 2011.

Los datos proceden del informe que ayer presentó la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), cuyo presidente, Rafael Barón, reclamó simplemente el cumplimiento de la ley, según la cual los plazos máximos de pago debían haber sido de 85 días en el sector privado y de 50 en el público durante el 2011. Para el 2012, los plazos máximos legales previstos son de 75 y 40 días, respectivamente, antes de alcanzar el punto de llegada de la ley contra la morosidad, en el 2013, cuando los plazos máximos legales serán de 30 días en el sector público y 60 en el privado. "Los malos resultados del 2011 exigen cambios legales profundos" para garantizar el cumplimiento de los pagos, planteó el portavoz de la plataforma, Antoni Cañete.

La Plataforma contra la Morosidad ha remitido su informe anual a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, junto a un documento con propuestas para reducir los impagos, facilitar el acceso de las empresas al crédito y mejorar la liquidez empresarial a corto plazo. "El objetivo es erradicar esta lacra, que es la causa de que un tercio de las empresas hayan desaparecido durante la crisis", añadió Sáenz de Santamaría.

El plazo medio de 162 días en los pagos de las administraciones alberga a quienes pagan puntualmente en 30 días y a quienes dilatan sus pagos mucho más allá de un año.

SANCIONES La plataforma cree urgente la elaboración de un plan para eliminar la deuda histórica de las administraciones públicas con los proveedores mediante la periodificación de los pagos a lo largo de los cuatro o cinco próximos años. A cambio, las administraciones deberían cumplir de forma estricta la ley en las nuevas obligaciones que se contraigan. También se plantea el desarrollo de un régimen sancionador eficaz, con multas de hasta 900.000 euros para los casos más graves y reincidentes.

Para facilitar la liquidez de las empresas se proponen medidas como la implantación del criterio de caja en el pago del IVA, como ha anunciado el presidente Mariano Rajoy en su discurso de investidura. Además, se plantea permitir que las empresas puedan utilizar las devoluciones fiscales pendientes de abono como documentos de pago, descontables en entidades financieras.

Otra propuesta consiste en el establecimiento de cuentas corrientes tributarias con las administraciones para poder compensar deudas cruzadas. Con una medida de este tipo, una empresa podría dejar de pagar el impuesto de bienes inmuebles a cambio de una factura pendiente de pago del ayuntamiento.

PEOR SITUACION Solo en Grecia e Italia las empresas pagan con más retraso que en España. En Grecia el plazo medio es de 110 días; en Italia, de 103; en España, de 98 días y en Portugal, de 92 días. En Finlandia, el país mejor pagador, las facturas se atienden en un plazo medio de 27 días en el sector privado.