El Gobierno en funciones concedió ayer un indulto parcial al vicepresidente del Banco Santander, Alfredo Sáenz, al conmutarle la pena de tres meses de arresto e inhabilitación profesional que le impuso el Tribunal Supremo por un delito de acusación falsa. Esta decisión le permitirá continuar al frente de la primera entidad bancaria del país, ya que el Banco de España le mantendrá en el registro de banqueros al entender que su "honorabilidad" no ha sido afectada por el fallo del alto tribunal.

Sáenz y los otros dos condenados en este proceso, el abogado Rafael Jiménez de Parga y Miguel Angel Calama, solo afrontarán el pago de la multa "máxima prevista en la legislación aplicable al caso". La Audiencia de Barcelona condenó al vicepresidente del Santander a tres meses de multa a razón de 300 euros por día. El Supremo rebajó la pena a 400 euros en total.

LOS INFORMES El Ejecutivo ha adoptado esta decisión tras contar con un informe contrario del alto tribunal que rechazó la medida de gracia por entender que no se ajustaba a razones de justicia o equidad, aunque el fiscal la apoyó. En una escueta nota, el Ministerio de Justicia informó de que también había tenido en cuenta, al proponer la medida de gracia, que habían transcurrido 17 años desde que se cometieron los hechos.

Este caso comenzó en 1994 cuando Sáenz presidía Banesto y presentó una querella contra tres industriales que a los que reclamó una deuda de 600 millones de pesetas. La Audiencia de Barcelona condenó en el 2009 al banquero a seis meses de prisión, pero el alto tribunal rebajó esta pena a tres meses de arresto el pasado mes de marzo.

El Banco Santander se felicitó ayer por esta decisión. Ahora, Sáenz espera la decisión del Tribunal Constitucional que tiene la posibilidad de anular la sentencia del Tribunal Supremo y dejar totalmente limpio el expediente penal del banquero.