6La Fiscalía Superior de Catalu- ña ha abierto unas diligencias para investigar las remuneraciones de los altos cargos de Caixa Penedès que dimitieron el jueves y determinar "posibles responsabilidades penales". El consejo de administración de la caja solicitó el cese del presidente, Ricard Pagès, y del director general, Manuel Troyano, tras constatar que ambos, junto con dos exdirectivos más (Joan Caellas y Jaume Jorba), dispo- nían de un plan de pensiones asegurado valorado en su totalidad en más de 20 millones de euros. Además, a través de un comunicado informó de que "en ningún momento de su mandato", hasta ese día, contó con "información suficiente, veraz y detallada de todas esas remuneraciones y prestaciones".

ACTITUD DESAFIANTE Ayer se supo que incluso en la misma reunión los todavía presidente y director general pusieron en cuestión las cifras de los planes de pensiones y retribuciones publicadas en la prensa, pero acabaron admitiéndolas tras la ratificación de las mismas por parte de la dirección del Banco Mare Nostrum (BNM), grupo en el que está integrado el negocio financiero de Caixa Penedès.

El consejo añadió que estudiará "la manera de corregir la situación". CCOO, que forma parte de ese organismo, concre- tó más y ayer exigió "actuaciones legales encaminadas a recuperar la totalidad de estas millonarias prebendas". El sindicato recalcó que desde que entró en el consejo, en 1999, ha venido reclamando información sobre los ingresos de la dirección y que siempre le ha sido denegada arguyendo que contaban con la aprobación de la comisión de retribuciones y salarios.

La noticia causó sorpresa en el Departamento de Economía de la Generalitat catalana, encargada de supervisar las cuestiones retributivas de las cajas. El titular consideró "difíciles de justificar" este tipo de compensaciones y añadió que deben preocupar "en un contexto de ajustes públicos". El departamento, que no aclaró si tomará algún tipo de medida contra los directivos, "ejercerá sus competencias" y tutelará el proceso de relevo en Caixa Penedès. Asimismo, se encargará de controlar que se preserve la obra social.

CONDENA EJEMPLAR Las diligencias han sido remitidas a la Fiscalía Provincial de Barcelona, que será la encargada de tramitarlas y de iniciar las pesquisas. Fuentes judiciales recordaron la condena que la Audiencia de Barcelona impuso en mayo a Enric Roig y Antonio Herce, presidentes de los Ferrocarriles de la Generalitat en época de Jordi Pujol: seis años de cárcel por un delito de malversación de fondos y ocho años y medio de inhabilitación por prevaricación, tras considerarse probado que diseñaron una "trama" para crear un aparente fondo de pensiones o primas por el que 15 cargos de la empresa se repartieron 2,71 millones. El consejo de administración no fue informado.