Aver quién es el empresario que se atreve a denunciar a su cliente por retraso en los pagos y a exigirle intereses de demora. Son muy pocos quienes se aventuran a hacerlo, por miedo a perder a ese cliente. Solo osan dos de cada 10, según un reciente estudio de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), a pesar de que el alargamiento abusivo en los plazos de pago se ha convertido en una de las principales causas de mortalidad de los negocios.
En julio del 2010 entró en vigor la nueva ley contra la morosidad con un mecanismo que empieza a ser explorado como fórmula para escapar del callejón sin salida en que se convierte la acumulación de impagos. La ley habilita expresamente a las organizaciones empresariales, en general, y a la PMcM en particular, a presentar denuncias colectivas contra clientes morosos. El mecanismo permite guardar el anonimato de las empresas, evitando el temor a represalias, destaca Antoni Cañete, portavoz de la PMcM.
La asociación de fabricantes de áridos Anefa ha sido la primera en presentar una denuncia de este tipo al amparo de la nueva ley, en nombre de sus casi 500 asociados. El 1 de marzo presentó en los juzgados de lo mercantil en Madrid una demanda contra Ferrovial por un posible fraude de ley contra la norma. "No hay reclamación de cantidades. Solo se pretende que Ferrovial cese en su actitud de incumplimiento y que desista del fraude de ley en que está incurriendo", explica César Luaces, director general de Anefa. En su opinión, Ferrovial Agroman incorpora mecanismos de dilación en sus pagos que en la práctica alargan los plazos a 180 y 240 días.
La constructora que preside Rafael del Pino, sin embargo, asegura que "a fecha de hoy" no tiene notificación de esta demanda y que su modelo de subcontrato "prevé una doble alternativa de pago a elección del proveedor que permite que todos sus proveedores cobren sus facturas dentro del plazo legal".
PEQUEÑAS Y GRANDES En el 2005, con la anterior ley, la Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción (Cepco) ya promovió una demanda colectiva contra ACS. Los trámites fueron muy farragosos --recuerda el director general de Cepco, Luis Rodulfo-- y se acabó retirando la demanda tras alcanzar un acuerdo. Hoy Cepco considera a ACS Dragados como un modelo de cumplimiento de la ley.
Cuando quien sufre la mora es una gran empresa, esta sí se atreve a pleitear directamente contra su cliente, a menudo, una administración pública. Recientemente, grandes empresas agrupadas en la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) han presentado 11 demandas contra administraciones autonó- micas por mantener plazos de pago superiores a los de la ley.
