El Gobierno ha entrado en tromba en dos de las reformas que más comprometen el futuro de la economía española. El recorte del déficit público --que, según se supo ayer, alcanzó en el 2009 el récord histórico del 11,5% del PIB-- y las reformas para garantizar la viabilidad del sistema de pensiones (garantizada hasta el 2030) son las dos cuestiones que exigen quienes tienen que decidir si siguen prestando el dinero que necesita la economía española para su recuperación. Los mercados recelan de las finanzas públicas, y el Gobierno ha querido dejar claro que España no es como Grecia.

"Queremos dar la confianza a los ciudadanos de que haremos lo que haya que hacer", dijo ayer la vicepresidenta económica, Elena Salgado. El Gobierno llegará al 2013 "con los deberes hechos", reforzó la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega. Por eso, ayer se celebró el que quizá vaya a ser el Consejo de Ministros más decisivo y rompedor de la era Zapatero. Pocas decisiones pueden ser tan trascendentales desde el punto de vista social y económico como la de alargar dos años, de 65 a 67, la edad legal de jubilación. Hay estudios que estiman que un aumento de dos años de la edad legal de jubilación conllevaría una reducción del gasto en pensiones de 10,30 puntos (100.300 millones de hoy) en el 2060.

LAS PIEZAS DEL PROYECTO Tampoco es menor el reto de reconducir el déficit de las administraciones públicas desde el 11,4% del PIB hasta el 3% en cuatro años. De los casi 8,5 puntos de PIB que median entre el 11,4% del 2009 y el 3% deseado para el 2013, el Gobierno calcula que una parte llegará por la recaudación adicional de la recuperación y por la retirada de las medidas de estímulo. Para embridar el resto del déficit, el Gobierno aprobó ayer un plan de austeridad que implica un ajuste presupuestario del 5,7% del PIB (57.000 millones) en el plazo de cuatro años (del 2010 al 2013), cuyo mayor esfuerzo recaerá sobre el Estado (5,2%). El resto del ajuste (0,7% del PIB) será encajado por autonomías y corporaciones locales, con quienes pactará acuerdos de sostenibilidad.

Para cubrir el ajuste de 57.000 millones asignado al Estado, el Gobierno cuenta con los mayores ingresos por las subidas fisca-

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