Air Comet podría haber seguido volando hasta el 10 de enero, pero, según el Gobierno, Gerardo Díaz Ferrán, presidente de la aerolínea y de la CEOE, se negó. "La respuesta de la compañía era que no tenía dinero para combustible y que no podía volar", según le acusó el jueves la secretaria de Estado de Transportes, Concepción Gutiérrez.

La alto cargo del Ministerio de Fomento negó así de forma tajante la versión ofrecida el miércoles por el líder patronal sobre la interrupción de los vuelos de su empresa, que ha dejado en tierra a 7.000 pasajeros. La raíz del problema está en la decisión de un juez británico de inmovilizar los aviones de Air Comet a instancias del banco alemán Nord Bank, al que debe 17,2 millones de euros.

Díaz Ferrán afirmó el miércoles que había intentando convencer a la entidad financiera de que le dejase operar las aeronaves hasta después de las fiestas. "Queríamos que se aplazara hasta después de Reyes pero no lo conseguimos porque el banco no se ponía al teléfono", justificó. La versión del Gobierno es distinta.

Gutiérrez explicó que el lunes por la mañana, cuando se conoció la decisión del juez británico, Air Comet pidió a Fomento que tratara de convencer al banco alemán de que le dejase volar hasta después de Navidad. "La respuesta del banco fue clara: por supuesto facilitar el cierre ordenado de la compañía, pero prohibición taxativa de seguir vendiendo billetes", remachó.

ENFADO CRECIENTE Por la tarde, continuó la secretaria de Estado, el ministerio comunicó a Air Comet el acuerdo alcanzado, pero a la compañía "no le pareció adecuado". Pasada la medianoche, llegó una carta al departamento que dirige José Blanco en la que Díaz Ferrán alegaba que no tenía dinero para combustible y que "no estaba dispuesto a operar" los vuelos.

El enojo del Gobierno con el líder de la patronal ha ido creciendo por su actitud a medida que se ha ido desarrollando la crisis de Air Comet. En particular, han disgustado unas declaraciones del miércoles en las que Díaz Ferrán afirmaba que "ante la situación vivida por esta compañía, que en estos tiempos estaba sufriendo huelgas, yo mismo no la hubiera elegido para volar a ningún sitio".

DENUNCIA La secretaria de Estado defendió que con la regulación vigente Fomento no pudo actuar antes o con más contundencia. Así, apuntó, no podía pagar el combustible, porque eso hubiera supuesto entrar en la gestión de la empresa.

El Estado acudirá al concurso de acreedores de la aerolínea para cobrar lo que le ha costado transportar a los pasajeros afectados (unos 6,3 millones de euros, según las estimaciones actuales). Además, se ha abierto un expediente a la compañía que podría suponer una sanción de 4,5 millones de euros.