El Consejo de Ministros aprobó ayer el proyecto de ley que permitirá a los trabajadores autónomos percibir la prestación por cese involuntario de actividad. Después de recibir el informe del Consejo Económico y Social (CES) que daba su visto bueno al texto, el Gobierno lo envía al Parlamento para que se discuta el nuevo sistema específico de protección para los autónomos que se vean obligados a cerrar su negocio por causas ajenas a su voluntad.
Según expresó la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, el proyecto aprobado se basa en un sistema "contributivo, solidario y sostenible financieramente". Para ello se establece un sistema mixto, entre voluntario y obligatorio, en el que tendrán derecho a protección los autónomos que coticen por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
Es obligatorio para los emprendedores que necesariamente tienen que cotizar por estas contingencias comunes y que son los autónomos económicamente dependientes (cuando al menos el 75% de sus ingresos proceden de un mismo cliente) y los que lleven a cabo actividades con un mayor riesgo de siniestralidad.
Este tipo de actividades serán definidas en el 2010 por la Comisión Nacional de Seguridad y Salud del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, previsiblemente del transporte, construcción y algunas de la industria.
Actualmente hay 539.338 trabajadores autónomos que cotizan por esta cobertura, incluidos 176.000 del sector agrario, según el Ministerio de Trabajo e Inmigración.
