Con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, el Senado aprobó ayer mejorar la tributación de las indemnizaciones por despidos producidos a través de un expediente de regulación de empleo (ERE). La medida será efectiva para los ERE aprobados después del 6 de marzo del 2009, fecha de aprobación del real decreto de medidas para el Fomento del Empleo, que se tramita como proyecto de ley en el Congreso de los Diputados.

En la declaración de la renta sobre el 2009 --que se presentará a partir de mayo del 2010--, los trabajadores que hayan sido despedidos como consecuencia de un ERE no tendrán que tributar por la indemnización percibida, siempre que esta no exceda el límite de 45 días por año trabajado, con un tope de 42 mensualidades, que rige para el despido individual improcedente. Con la vieja norma, las indemnizaciones de los ERE solo están exentas hasta 20 días por año, con un tope de 12 mensualidades.

Para un trabajador con un salario neto anual de 27.000 euros y 10 años de antigüedad, despedido por un ERE a finales de junio, con una indemnización de 45 días por año trabajado, el ahorro en el IRPF será de 5.000 euros, según un ejemplo elaborado con la ayuda de asesores fiscales. El cambio de criterio ya fue introducido en el Congreso de los Diputados, a instancias de CiU, con el apoyo de todos los grupos, salvo el del PSOE. En el Senado, el PSOE se ha sumado al acuerdo tras pactar corregir algunas otras cuestiones introducidas en el Congreso sin el apoyo del PSOE y que el Gobierno consideraba muy costosas.

En la Cámara alta se ha precisado la fecha de eficacia del nuevo régimen de tributación de las indemnizaciones por despido (6 de marzo), para clarificar dudas que pudieran surgir respecto a indemnizaciones generadas con anterioridad, explicó Matilde Fernández, portavoz socialista en el Senado. "Se ha pactado la ley gracias a un consenso responsable, con CiU y la Entesa (el grupo nacionalista catalán), que resuelve el vacío del fracaso del diálogo social en estas materias en el 2009", valoró ayer la senadora socialista. El decreto --que no había recibido en marzo el apoyo de los agentes sociales-- favorece los ERE de suspensión de empleo (frente a los de extinción), el empleo a tiempo parcial y la contratación de parados con derecho a prestación.