Los gobiernos de los 27 estados de la Unión Europea (UE) han quedado autorizados a poder cortar el acceso a internet sin orden judicial a los ciudadanos que compartan o descarguen en la red películas, música u otros ficheros que se consideren ilegales. El Parlamento Europeo aprobó ayer el paquete legislativo de reforma del mercado de telecomunicaciones de la UE que refuerza los derechos de los consumidores y la competencia entre las compañías, pero que permite que se pueda restringir a los ciudadanos el acceso a la red sin autorización judicial previa.

El paquete legislativo fue aprobado por 510 votos a favor, 40 en contra y 24 abstenciones. Los Veintisiete tendrán hasta junio del 2011 para adaptar sus legislaciones nacionales a los requisitos fijados en las directivas europeas aprobadas.

Después de dos años de tramitación y de una enconada batalla política entre la Eurocámara y los gobiernos de los Veintisiete, la nueva directiva marco sobre redes y comunicaciones electrónicas introduce una serie de salvaguardas para limitar la capacidad de las autoridades de restringir el acceso a internet. Las condiciones intentan proteger los derechos de los ciudadanos, ya que fue imposible consensuar la demanda parlamentaria de una orden judicial previa. Las restricciones al acceso a internet "solo podrán imponerse si son apropiadas, proporcionadas y necesarias en el marco de una sociedad democrática", precisa el artículo 1 de la directiva.

DERECHO A SER OIDO Las restricciones "solo podrán adoptarse respetando el principio de presunción de inocencia y el derecho a la vida privada" y tras "un procedimiento previo justo e imparcial", que debe garantizar "el derecho a ser oído" y "el derecho a una efectiva tutela judicial en tiempo oportuno", añade el texto. La directiva subraya que las medidas restrictivas adoptadas de forma urgente deberán respetar la Convención Europea de Derechos Humanos.

Los eurodiputados estiman que estos requisitos impedirán a los Veintisiete cortar el acceso a internet por el mero procedimiento administrativo de tres avisos, como pretenden Francia y Gran Bretaña. No obstante, los eurodiputados reconocen que habrá que vigilar la trasposición de los principios de la directiva a las legislaciones nacionales para evitar que se reduzcan esas garantías a la mínima expresión.

CAUSAS POR PRECISAR La directiva no indica los usos ilícitos de internet y deja en manos de las leyes nacionales fijar los comportamientos que pueden llevar a privar del acceso a la red. Los gobiernos estudian incluir entre esas actividades ilícitas la descarga de películas y música y la difusión de contenidos terroristas y de pornografía infantil.

La directiva sí que establece que internet es "fundamental para la educación y el ejercicio práctico de la libertad de expresión y del acceso a la información". También refuerza la protección de los datos personales en manos de las operadoras e intenta limitar la publicidad por teléfono o internet. La instalación en el ordenador de cookies --testigos de los hábitos del usuario-- requerirá permiso previo.