Ante la falta de acuerdo en el diálogo social, el Gobierno ha decidido elegir el camino más recto. Tras dos meses de negociaciones, la ruptura de las negociaciones, ayer, y ante la postura "decepcionante" de la patronal CEOE, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció que aprobará por real decreto una de las medidas "urgentes" que se debían consensuar entre los principales agentes sociales: dotar a los desempleados que hayan agotado los subsidios del paro de una prestación temporal extra de 420 euros mensuales durante seis meses (2.520 euros en total).

Esta era una de las propuestas estrella que el Gobierno había realizado a la mesa de diálogo social atendiendo a la demanda de los sindicatos. El Ejecutivo quería pactar esta medida con todos los actores que participaban en la discusión, y la propuesta estaba concretada en el último borrador de texto (20 de julio): una "ampliación extraordinaria" de la protección de paro para los desempleados que han agotado las ayudas a la que se podrían acoger los que estén "en situaciones de necesidad".

Pero el fracaso de las negociaciones han llevado al Gobierno a optar por otra estrategia distinta a la del consenso con patronales y sindicatos. "El Gobierno tomará todas las decisiones que crea necesarias para favorecer el empleo y la actividad económica. Aseguraremos la protección social de quienes agoten su prestación por desempleo antes de encontrar un nuevo trabajo", aseguró el Ministro de Trabajo, Celestino Corbacho.

Sin dar muchos detalles, el ministro confirmó que esta prestación será aprobada el 13 de agosto en el Consejo de Ministros. Zapatero aseguró que la cobertura será válida, "en principio", durante seis meses, y que rondará los 450 euros por persona. Sin embargo, ni Corbacho ni Zapatero concretaron si el periodo de solicitud del programa de la ayuda se ampliaría otros seis meses, como ya se había comprometido el Gobierno, ni si las ayudas se podrían recibir durante un año, como pedían los sindicatos.

AUTONOMIAS Según el borrador de la última propuesta, esta renta estaría ligada a la formación del parado, que deberán gestionar las comunidades autónomas, y su cuantía sería del 80% del Iprem, unos 420 euros, aunque según el secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, las cifras podrían variar. La otra acción "urgente", esta vez demandada por las organizaciones empresariales, es la rebaja de las cuotas de la Seguridad Social. En este ámbito, el ministro eludió concretar si se iban a producir rebajas ni las posibles cuantías de las mismas. El Gobierno había propuesto rebajar 0,5 puntos de forma permanente y un punto extra solo durante el 2010.