La actitud de la CEOE ha colmado la paciencia del Gobierno. Por vez primera, el Ejecutivo ha abierto la puerta a legislar en materia laboral sin acuerdo con la patronal y los sindicatos. "Si al final no es posible, el Gobierno tomará cuantas medidas sean precisas para gobernar en interés general de los ciudadanos", advirtió ayer el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho. La advertencia fue aún más allá. Si se llega a esa situación, el Ejecutivo "irá comentando las medidas bilateralmente con quien considere oportuno y sea referente en ese momento", afirmó Corbacho en RNE, dando a entender que no descarta pactar con quien muestre una actitud más positiva. O sea, con los sindicatos.

Fuentes gubernamentales añadieron que el Ejecutivo comenzará a tomar medidas en septiembre si el proceso no se desbloquea. Los sindicatos, añadieron, muestran más cintura en la negociación. Pero las medidas, matizaron, gustarán en ocasiones a los representantes de los trabajadores, en otras, a los de los empresarios, y en otras, a ninguna de las dos partes.

El Gobierno admite que la cena que celebró el presidente en la Moncloa con los dirigentes de la patronal el miércoles durante cuatro horas fue "tensa y dura". La CEOE, a su juicio, esperaba encontrarse a José Luis Rodríguez Zapatero "ansioso" por cerrar un pacto antes de agosto.

Sin embargo, las partes no llegaron a negociar, sino que se limitaron a exponer sus posiciones. Ante esta falta de avances, el presidente de la patronal, Gerardo Díaz Ferrán, se comprometió a entregar un documento con su postura al Gobierno y sindicatos, cuando unas horas antes reclamó que fuera el Ejecutivo el que presentara un nuevo texto.

NUEVO CHOQUE Durante la mañana, la patronal pareció suavizar su postura y apuntó que podría conformase con una rebaja de cuotas de entre 2,5 y 3 puntos (hasta ahora pedía 5). Su documento, sin embargo, provocó un nuevo choque con los sindicatos, que se negaron en rotundo a volver a reunirse con ese texto como base. La patronal sostiene que el acuerdo social no debe ser "condición indispensable" para que el Gobierno tome medidas. Además, y aunque no cifra el recorte de cuotas que pide, CEOE apunta que hay 15.302 millones de margen y que cada punto cuesta menos de 2.500. Defiende que se podrían reducir hasta 6 puntos. Lo más polémico fue que rescató la petición de una reforma laboral y de revisar los costes del despido.