El Gobierno ha dado el pistoletazo de salida al primer gran proceso de reordenación del sistema financiero español desde la gran crisis que sufrió el sector en los años 80. Tras meses de negociaciones con el sector y los grupos parlamentarios, demoradas por la celebración de las europeas, el Consejo de Ministros aprobó ayer el instrumento que va a favorecer este proceso: el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

No se trata solo de facilitar el cambio, sino de impulsarlo. "Tenemos un sistema con un gran número de entidades, es el momento adecuado para que se refuercen mediante integraciones, fusiones o absorciones; en definitiva, procesos de reestructuración", advirtió al sector la vicepresidenta económica, Elena Salgado, tras presentar el fondo.

España, argumentó, cuenta con 49 bancos, 46 cajas de ahorro y más de 90 cooperativas de crédito "de distinto tamaño y en muy distintas situaciones". En plena recesión, "parece lógico que se tienda a reducir el número de entidades, a fin de que estas ganen en tamaño y mejoren así su competitividad", remachó Octavio Granado, secretario de Estado de la Seguridad Social y responsable de economía del PSOE, en una nota.

SECTOR "SANEADO" La vicepresidenta, en cualquier caso, se esforzó por negar que la banca viva una situación de emergencia. Insistió en que el sector está "muy saneado" y en que las entidades sistémicas --las más grandes, tipo Santander, BBVA o La Caixa, que, en caso de caer, provocarían un terremoto en la banca-- no tienen "en absoluto" problemas. En el resto del sector, añadió, no hay todavía ninguna entidad con "problemas serios".

Salgado reconoció que algunas podrían ver comprometida su viabilidad "en los próximos meses", debido a la persistencia de los problemas de liquidez, el deterioro de los activos (sobre todo los inmobiliarios), el aumento de la morosidad como consecuencia del paro, y la caída de la actividad y de los márgenes del negocio propios de la recesión.

Es por ello, argumentó, que es necesario emprender la reordenación financiera. Un proceso que "previsiblemente va a durar varios años" y que está diseñado de tal forma que el Gobierno "no tiene previsto que tenga coste para el contribuyente".

La estrategia elaborada por el Ejecutivo socialista cuenta con cuatro opciones: tres para entidades en problemas y una cuarta para los casos en que dos instituciones solventes se quieran fusionar para mejorar su eficiencia a medio plazo.

Para las entidades con problemas, el primer paso será buscar una "solución privada" (léase fusión con una entidad solvente). Si no lo consiguen y su débil situación amenaza su viabilidad, deberán presentar un plan de reestructuración por iniciativa propia o por petición del Banco de España en el plazo de un mes.

El proyecto deberá lograr el visto bueno del supervisor, que podrá modificarlo a voluntad pero que deberá solicitar la opinión vinculante del Ministerio de Economía (en el caso de los bancos) o la comunidad autónoma (en el resto). Estos deberán enviarle un informe en 10 días. Se contemplan tres posibles actuaciones: reforzar el patrimonio y solvencia, promover una fusión o absorción, y el traspaso de todo o parte del negocio.

GESTION CONJUNTA Los tres Fondos de Garantía de Depósitos (que están dotados con las aportaciones de bancos, cajas de ahorro y cooperativas de crédito, y gestionados por cada segmento del mercado conjuntamente con el Banco de España) podrán ayudar financieramente a que el plan se cumpla.

El FROB, a su vez, podrá otorgar recursos a los fondos de garantía para que apoyen estas reestructuraciones. Si el problema persiste (la entidad no presenta el plan, es incapaz de cumplirlo o el Banco de España lo considera inviable), se iniciará la fase de intervención pública a través del fondo.

Los administradores de la entidad serán expulsados, y su papel lo asumirá el FROB, que elaborará un nuevo plan de viabilidad. En este caso, solo se prevé que la institución se fusione o se liquide y se traspase todo o parte de su patrimonio. El Banco de España será quien decida.

El fondo podrá comprar acciones (bancos), participaciones (cooperativas) y cuotas participativas (cajas). En este último caso, y de forma excepcional y mientras los posea el FROB, se dotará a los títulos de derechos políticos, es decir, de representación en los órganos de gobierno.

El cuarto supuesto es para entidades solventes que necesiten una inyección de capital para emprender una fusión apoyada por el Banco de España. El FROB les comprará participaciones preferentes. Su aportación deberá ser devuelta en un tope de cinco años, pero CiU ha pactado con el PSOE que sean ampliables a dos más. Si no se reintegran, se convertirán en acciones, cuotas o participaciones.